La candidata de Morena, PT y PVEM, Clara Brugada Molina, llegará al debate de este domingo con un arsenal de información contra el Cártel Inmobiliario de la Benito Juárez, en un expediente que promete revelar datos fuertes del candidato Santiago Taboada Cortina, de Christian Von Roehrich, Luis Vizcaíno, Daniela Álvarez Camacho y más del grupo panista que están presos e investigados, y que lo llevó a la alcaldía y a la candidatura a Jefe de Gobierno de la CDMX.

En el cuarto de guerra de la ex alcaldesa de Iztapalapa aseguran que “Clarita” tenía parte de esta información en el primer debate, sin embargo decidió no sacarla, para no desviar reflectores de las propuestas. Ahora que las propuestas de todos están ampliamente difundidas, es otra historia, y hay nuevos datos de la investigación de la corrupción inmobiliaria.

Las autoridades, incluyendo el Director Jurídico de la alcaldía, la Coordinación General de Investigación, la Ventanilla Única, la Dirección de Planeación, Desarrollo y Participación de Benito Juárez, así como los propios titulares de la alcaldía, solicitan pagos que comienzan en 150 mil pesos y aumentan según el tamaño y la condición de la obra.

La investigación se basa también en declaraciones de Luis Vizcaíno, ex director jurídico y de gobierno, quien asumió su culpabilidad y se mantiene en prisión domiciliaria, Nicias René Aridjis Vázquez, ex director general de Obras, y Adelaida García González, ex directora de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos.

En la línea de investigación está también diputada Daniela Álvarez Camacho, candidata a diputada por el distrito local XIX, y operadora de Santiago Taboada, mantiene la defensa mediática de Christian Von Roehrich y su grupo.

Además de Ismael ‘N’, quien fungió como contralor interno, asesor de la jefatura delegacional, director de Recursos Materiales y Servicios Urbanos y director general de Administración, así como los ex funcionarios José Ramón ‘N’ y Alejandro ‘N’.

Durante los periodos electorales, se requiere a las empresas constructoras contribuciones en efectivo o en especie para respaldar a los candidatos del PAN, ofreciendo a cambio protección para los proyectos, e incluso permitiendo la construcción de pisos adicionales o en zonas con un uso de suelo diferente.

Otro negocio lucrativo para los funcionarios de la alcaldía Benito Juárez es el despojo de viviendas pertenecientes a adultos mayores, en el cual participan actuarios, policías, civiles e incluso notarios públicos. Posteriormente, se regulariza el predio y se construyen edificios, formando así una presunta red de corrupción inmobiliaria vinculada al Partido Acción Nacional.

La forma de operar de esta red consiste en presentar notificaciones dirigidas a personas distintas al propietario del inmueble, como sucedió en la calle Palenque 35 de la colonia Narvarte, donde tres familias fueron desalojadas de sus hogares mediante una notificación judicial que no estaba a su nombre.

La gestión de Martí Batres ha promulgado una reforma al Código Penal local que incluye la tipificación de la corrupción inmobiliaria como delito, castigándola con hasta 20 años de prisión y una posible ampliación del 50% de la sentencia en caso de obtener beneficios económicos.

Durante un evento público para anunciar la entrada en vigor de esta reforma el miércoles 17, el jefe de gobierno enfatizó su objetivo de sancionar a los servidores públicos que permitan o toleren la construcción ilegal de inmuebles o pisos adicionales.

Batres destacó que la reforma también busca disuadir a grupos como el denominado “cártel inmobiliario”, identificado por la Fiscalía General de Justicia local en la alcaldía Benito Juárez, donde cuatro personas ya han sido condenadas por su implicación.

La alcaldía en cuestión, anteriormente gobernada por el panista Santiago Taboada, quien actualmente es candidato a la Jefatura de Gobierno por la alianza PAN-PRI-PRD, ha sido el foco de la corrupción inmobiliaria.

La reforma introduce el artículo 276 Quater, que establece el delito de corrupción inmobiliaria para aquellos servidores públicos que permitan construcciones ilegales. Batres ejemplificó los peligros de tales prácticas mencionando el colapso de edificios durante un sismo y el reciente incidente en la Línea 12 del Metro.

El jefe de gobierno señaló directamente al “cártel inmobiliario” de Benito Juárez, describiendo sus métodos de operación, incluyendo la autorización de pisos adicionales a cambio de sobornos o beneficios personales.

Además, se reveló que en un año y medio se han identificado 130 obras irregulares relacionadas con este grupo, con varias personas arrestadas y otras buscadas por las autoridades.

La reforma establece penas de 10 a 20 años de prisión para quienes cometan corrupción inmobiliaria, con la posibilidad de aumentar la sentencia en un 50% si se obtienen beneficios económicos.

La FGJ local ha asegurado al menos 60 inmuebles relacionados con estas actividades corruptas, y el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda afirmó que esta reforma permite a los ciudadanos denunciar las irregularidades cometidas por los servidores públicos en materia de desarrollo inmobiliario.

El tema de la corrupción inmobiliaria ha sido un punto central en los debates presidenciales y locales, especialmente entre los candidatos de las coaliciones Morena-PT-PVEM y PAN-PRD-PRI.