Un juez federal prohíbe al gobierno de Donald Trump utilizar a la Guardia Nacional para contener manifestaciones en Los Ángeles. La decisión representa un freno al uso político del aparato militar en medio de tensiones por racismo, migración y represión electoral.
En un revés significativo para la estrategia represiva del presidente Donald Trump, un juez federal ordenó detener el uso de la Guardia Nacional para contener manifestaciones civiles en la ciudad de Los Ángeles, una de las zonas más activas en protestas por violencia policial, discriminación y políticas migratorias del actual gobierno.
“El despliegue militar para funciones de control civil tiene un efecto disuasorio sobre el ejercicio legítimo de derechos constitucionales”, dictó el fallo, en respuesta a una demanda presentada por organizaciones de derechos civiles, académicos y comunidades migrantes.
La decisión surge en un contexto de creciente tensión social alimentado por la narrativa incendiaria de Trump, quien ha insinuado que gobiernos extranjeros —incluido el de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum— estarían detrás de las protestas, sin presentar pruebas. El mandatario ha intentado posicionarse como el “restaurador del orden”, mientras sus políticas endurecen la criminalización del disenso y la militarización del espacio público.
Protestas legítimas, represión ilegítima
La resolución judicial es vista por activistas como una victoria frente al intento de silenciar la protesta social mediante la fuerza militar. Líderes civiles en California advirtieron que el uso de tropas en las calles responde más a objetivos políticos y electorales que a una necesidad real de seguridad.
Desde la Casa Blanca no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el fallo, pero se prevé una posible apelación. Sin embargo, mientras el proceso legal continúa, la administración federal deberá abstenerse de ordenar nuevos despliegues de la Guardia Nacional en Los Ángeles para contener protestas ciudadanas.
El autoritarismo, en campaña
Trump ha hecho de la polarización un eje de su campaña por la reelección. Las decisiones judiciales como ésta ponen límites a su intento de convertir la protesta social en un enemigo del Estado. No es casual que el fallo ocurra cuando el presidente endurece su retórica contra migrantes, estados progresistas y críticos internos, utilizando incluso herramientas militares para mantener el control político.
El mensaje de la justicia es claro: la represión no es gobernabilidad, y el uso del Ejército contra la sociedad civil es inaceptable en un Estado de derecho.
