La ejecución de Martha Laura Mendoza Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, es mucho más que un crimen político: es el síntoma terminal de un Estado que lleva años postrado ante el poder del crimen organizado. Ella y su esposo fueron acribillados este martes en la plaza central del municipio, a plena luz del día y frente a su hijo, quien resultó herido. No hubo escoltas, no hubo respuesta inmediata. Tampoco había garantías mínimas de seguridad para una autoridad municipal en uno de los epicentros del narco en México.

Este asesinato, lejos de ser un hecho aislado, se inscribe en una línea de tiempo sangrienta que Michoacán ha venido acumulando sin pausa. En lo que va de la actual administración estatal, ya suman al menos seis presidentes municipales asesinados. El crimen de Mendoza Mendoza ocurre apenas días después del asesinato del alcalde de Tacámbaro, demostrando que el control institucional sobre el territorio es meramente decorativo.

Una Tierra sin Ley desde hace más de una década

Para entender el crimen de Tepalcatepec hay que remontarse a 2013, cuando surgieron las autodefensas en la región como respuesta al dominio brutal de Los Caballeros Templarios. Fue el inicio de una espiral en la que el poder ciudadano, la violencia criminal y la negligencia gubernamental se mezclaron peligrosamente.

Ese modelo degeneró con rapidez. Muchos de los líderes autodefensas —como “El Abuelo” Farías, presunto aliado de la alcaldesa asesinada— mutaron en nuevos señores de la guerra bajo el disfraz de protector comunitario. La disputa entre Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) convirtió a Tepalcatepec en un campo de batalla. Desde 2019, la ofensiva del CJNG ha incluido ataques con drones, armas antitanque y mercenarios colombianos.

El Estado en modo espectador

¿Dónde estaban las autoridades? La respuesta más honesta es: en otra parte. La presencia del Ejército y la Guardia Nacional ha sido constante, pero ineficaz. El crimen organizado ha aprendido a operar con más inteligencia táctica que el propio Estado. Controlan caminos, economías locales, cultivos como el aguacate y el limón, y reclutan con mayor eficacia que cualquier programa social.

Gobiernos van y vienen, pero el problema se profundiza. Alfredo Ramírez Bedolla, actual gobernador morenista, repite el mismo libreto de simulación que sus predecesores: discursos vacíos, condolencias sin efecto y promesas huecas de “reforzar la seguridad”. Mientras tanto, los sicarios dictan las reglas y los ciudadanos se acostumbran a vivir bajo su ley.

Una clase política cómplice o temerosa

La ejecución de Mendoza Mendoza ha encendido también otra alarma: la posibilidad de colusión. La Fiscalía General de la República tenía abierta una investigación contra la alcaldesa por presunto lavado de dinero, y su cercanía con “El Abuelo” no era ningún secreto. Pero eso no justifica su muerte; lo que sí exhibe es la fragilidad ética y jurídica de la estructura política en Michoacán, donde muchos presidentes municipales son impuestos, amenazados o financiados por los mismos grupos que deberían combatir.

Conclusión: cuando matar a una alcaldesa no tiene consecuencias

Lo más grave no es el asesinato, sino lo que vendrá después: nada. No habrá justicia. No habrá detenidos de peso. No habrá autocrítica desde Palacio de Gobierno ni desde la Secretaría de Seguridad. Lo que sí habrá es silencio institucional y continuidad criminal.

Tepalcatepec es hoy una radiografía descarnada de lo que sucede cuando el Estado abdica: gobiernan las balas, mueren los civiles, y el miedo se vuelve ley. Mientras los gobiernos federal y estatal sigan administrando la violencia en vez de combatirla con voluntad política real, Michoacán continuará escribiendo su historia con sangre.

Publicado el 17 de junio de 2025