Zitácuaro vivió ayer lo que muchas regiones del país experimentan con alarmante frecuencia: el colapso del orden público frente a la expansión territorial de los cárteles. La irrupción armada fue atribuida a operadores de “El Barbas”, presunto jefe regional del CJNG, en respuesta a operativos del Ejército y la Guardia Nacional.

El corazón de Michoacán, la tarde del jueves 19 de junio, un niño de cinco años fue asesinado en Zitácuaro tras quedar atrapado en un fuego cruzado entre grupos criminales. Su madre y sus dos hermanos, de 4 y 10 años, resultaron heridos. El vehículo en que viajaban fue alcanzado por ráfagas de armas largas cerca del libramiento Francisco J. Múgica, junto a la central camionera.

Los ataques se extendieron por varias colonias del municipio, con bloqueos, incendios a comercios —incluido un OXXO— y tiroteos cercanos a escuelas. La violencia duró horas y fue atribuida a una disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Familia Michoacana. El despliegue de fuerzas federales y estatales llegó tarde. Para entonces, el niño ya había muerto.

En total, al menos cuatro enfrentamientos armados y cinco vehículos incendiados fueron reportados, además de una tienda saqueada e incendiada. La vida en el municipio quedó suspendida por horas.

Este crimen infantil se suma al saldo devastador de 2025, un año que ya acumula más de 50 asesinatos de políticos y funcionarios, muchos de ellos alcaldes y familiares directos.

Martha Laura Mendoza Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec (Morena–PT), fue ejecutada junto a su esposo el 17 de junio, justo frente a su casa. Su hijo adolescente resultó herido. Apenas unos días antes, el 15 de junio, Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca, fue asesinada a balazos en su oficina.

En Tacámbaro, Michoacán, Salvador Bastida García, también alcalde, fue ultimado junto a su escolta. En Metlatónoc, Guerrero, Isaías Rojas Ramírez murió tras un ataque armado en carretera. En Santiago Amoltepec, Oaxaca, Mario Hernández García cayó en una emboscada.

Los ataques no distinguen jerarquías. Desde regidores hasta aspirantes municipales, pasando por funcionarios de campaña y hasta los hijos de políticos, han sido blanco de sicarios. Entre enero y junio:

– Se han reportado más de 104 incidentes de violencia política, según Integralia.

– Al menos 30 víctimas eran militantes de Morena, el partido con más agresiones registradas.

– Muchos de los crímenes se atribuyen al intento de grupos criminales por controlar candidaturas, territorios o imponer reglas al margen del Estado.

Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Jalisco son hoy zonas marcadas por el terror y la impunidad. La respuesta institucional ha sido desigual. Mientras la Federación despliega operativos reactivos, la protección a alcaldes y aspirantes sigue siendo casi simbólica.

Analistas y defensores de derechos humanos alertan sobre la normalización del terror. La violencia no sólo elimina a funcionarios, sino impone el silencio, vacía oficinas públicas, cierra escuelas y somete comunidades.

El asesinato del niño en Zitácuaro no fue producto del azar, sino de una guerra que no se libra sólo entre cárteles, sino contra la ciudadanía misma. Las balas ya no sólo persiguen a políticos: alcanzan a familias enteras. Y la estadística de homicidios se confunde con la de víctimas colaterales, en un país donde ser alcalde, opositor o simplemente niño en el asiento trasero puede costar la vida.