La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México investigó desde 2024 millonarias transferencias vinculadas al ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a través de Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario regiomontano Alfonso Romo, quien fuera Jefe de la Oficina de la Presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la empresa Nunvav Inc —propiedad de Samuel y Alexis Weinberg, considerados por la 4T como prestanombres de García Luna— transfirió 47 millones de dólares a una cuenta de Vector entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016. Las autoridades mexicanas sostienen que dichos recursos provienen del desvío de fondos públicos mediante contratos irregulares adjudicados a Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc por parte del CISEN y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OAD-PRS) durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Las transacciones, realizadas desde una cuenta de Nunvav en el Occidental Bank de Barbados, fueron integradas en la demanda civil que el Gobierno de México presentó en 2021 ante una Corte de Florida para recuperar al menos 600 millones de dólares presuntamente malversados.

Como parte de la indagatoria, el 12 de junio de 2024, la jueza estadounidense Lisa Walsh solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), vía carta rogatoria, información sobre la cuenta 36885306 de Vector Casa de Bolsa. Posteriormente, en agosto, la UIF pidió a los Weinberg documentos que aclararan el propósito de las 35 transferencias registradas, así como comunicaciones o estados de cuenta relacionados con Vector. No obstante, los acusados negaron poseer esa información y remitieron la responsabilidad a Nunvav, que hasta la fecha no ha justificado los movimientos financieros.

Además, no se ha esclarecido qué destino siguió el dinero una vez que fue recibido en la cuenta de Vector abierta en Citibank.

El 9 de junio de 2025, la jueza Walsh cerró el proceso legal a solicitud de ambas partes, luego de que los Weinberg y la UIF comunicaran haber alcanzado un acuerdo en México, que incluiría el otorgamiento de un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República. Con ello, los acusados podrían convertirse en testigos colaboradores del Estado mexicano.

FinCEN señala a Vector por lavado, pero Sheinbaum exige pruebas

En paralelo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), acusó esta semana a Vector de facilitar operaciones de lavado de dinero para los cárteles de Sinaloa y del Golfo. La acusación también alcanzó a CIBanco e Intercam.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las acusaciones indicando que, aunque la UIF ya había investigado las transacciones, su gobierno no puede reconocer un delito si no hay pruebas contundentes aportadas por Estados Unidos.

“Hacienda insiste al Departamento del Tesoro (de EU) que envíe información, pruebas contundentes de lavado de dinero; si ustedes leen la documentación que se publica ayer, pues no hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, afirmó la Presidenta durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

“Tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Entonces ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente, no hay pruebas. Si hay pruebas de la propia investigación de la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de que hay lavado de dinero, se actúa administrativamente e incluso penalmente”, añadió Sheinbaum.

CNBV interviene a tres instituciones financieras

Ante los señalamientos del Gobierno estadounidense, la CNBV decretó la intervención gerencial temporal de Vector, CIBanco e Intercam. La medida sustituye a los órganos administrativos y representantes legales de las instituciones con el fin de proteger a los ahorradores y clientes.

“Las autoridades financieras mantienen la confianza y seguirán trabajando para propiciar la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema financiero”, señalaron en un comunicado conjunto la CNBV, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México.

No obstante, Hacienda subrayó que hasta el momento Estados Unidos no ha entregado evidencia concreta que sustente las acusaciones por lavado de dinero contra las instituciones mexicanas señaladas.