La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pagó más de 500 millones de pesos por diésel presuntamente robado a una empresa ligada a una red de huachicol en Jalisco, con el objetivo de abastecer la maquinaria utilizada durante la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), una de las principales obras del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
La investigación fue revelada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que el combustible fue adquirido entre 2020 y 2022 a Servicios y Combustibles Reymon, empresa vinculada a Víctor Manuel Camarena Gómez, hermano de un exalcalde de Teuchitlán, Jalisco, por Movimiento Ciudadano.
De acuerdo con los registros, Reymon obtuvo al menos doce contratos de la Sedena para suministrar combustible destinado a maquinaria pesada y generadores en la base aérea de Santa Lucía. El principal problema es que dicha empresa forma parte de una red que ya era investigada por robo y comercialización de hidrocarburos extraídos de forma ilegal en el occidente del país.
A pesar de los antecedentes, la Sedena asignó los contratos sin licitación, mediante adjudicación directa, justificando la “urgencia” por cumplir con los plazos de construcción del aeropuerto, inaugurado en marzo de 2022.
Fuentes cercanas al caso señalaron que el combustible adquirido provino de tomas clandestinas conectadas a ductos de Pemex en los estados de Jalisco y Guanajuato. Los vehículos cisterna utilizados no contaban con los permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pero aun así ingresaron libremente a instalaciones militares.
El caso revive las alertas sobre la falta de controles y transparencia en las contrataciones del Ejército, que ha concentrado un papel protagónico en megaproyectos federales. Además, podría representar un delito federal tanto para los proveedores como para los funcionarios responsables de la contratación.
Hasta el momento, ni la Sedena ni el Gobierno federal han emitido una postura oficial sobre los señalamientos.
El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles fue construido y operado por el Ejército con recursos públicos. En años recientes, el Ejército ha asumido funciones civiles, incluyendo la construcción de aeropuertos, trenes y sucursales bancarias, bajo un esquema de discrecionalidad y sin los mecanismos ordinarios de fiscalización.
