En una nueva ofensiva contra los órganos autónomos, legisladores de Morena y sus aliados del PT y PVEM alistan una iniciativa para devolver las Fiscalías Generales de Justicia al control de los gobernadores estatales.
El senador Waldo Fernández confirmó que el tema está siendo discutido al interior del grupo parlamentario en el Senado. Durante una mesa de trabajo sobre la reforma judicial en Nuevo León, Fernández argumentó que el modelo de fiscalías autónomas “no ha funcionado” y ha generado “ineficiencias y disputas políticas” que han frenado la procuración de justicia.
“Se está discutiendo seriamente el regresar las Fiscalías Generales de Justicia a los Ejecutivos estatales, porque el modelo autónomo no ha funcionado”, afirmó el legislador.
Según Fernández, esta propuesta no implicaría la remoción inmediata de los fiscales en funciones, quienes cumplirían sus mandatos. Sin embargo, al concluir su periodo, los nuevos titulares serían designados por los gobernadores, retomando el esquema previo a las reformas de autonomía.
El senador aclaró que la reforma se centraría únicamente en las Fiscalías Generales, mientras que las Fiscalías Anticorrupción y de Delitos Electorales mantendrían su autonomía y sus procesos actuales de designación a través del Congreso local.
Una tendencia regresiva
La propuesta se enmarca en un patrón nacional promovido por la 4T para recentralizar el poder. Durante los últimos años, el gobierno federal ha debilitado o desaparecido órganos autónomos como el INAI, la Cofece y la CRE, y ha impulsado reformas para someter al Poder Judicial a control político mediante la elección popular de jueces y ministros.
En el caso de Nuevo León, Fernández citó la disputa entre el Ejecutivo y la Fiscalía General como un ejemplo de cómo la autonomía ha derivado en conflictos institucionales que afectan la impartición de justicia. Sin embargo, críticos de la medida sostienen que la intención real es eliminar contrapesos al poder político y favorecer la subordinación de los fiscales a intereses partidistas.
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León opera como órgano autónomo desde el 9 de marzo de 2018, tras años de negociaciones en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción y con el acompañamiento de organizaciones civiles. Antes de su autonomía, el fiscal era designado por el Congreso a partir de una terna propuesta por el Gobernador.
Sin iniciativa formal, por ahora
Aunque el tema ya está en discusión, Morena aún no ha presentado formalmente una iniciativa en el Senado. Incluso, fuentes del grupo parlamentario han evitado pronunciarse al respecto, señalando que no es un tema prioritario en su agenda legislativa inmediata.
Consultada semanas atrás, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que existiera una propuesta concreta para eliminar las fiscalías autónomas, y subrayó que antes debe concluirse la reforma al Poder Judicial, la cual busca transformar profundamente el sistema de justicia en el país.
