Washington / Ciudad de México — El caso de corrupción que enfrenta Petróleos Mexicanos (Pemex) en tribunales de Estados Unidos ha sumado un ingrediente político inesperado: la aparición del nombre de Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y figura clave del obradorismo, en reportes mediáticos que documentan conexiones empresariales previas con uno de los acusados.
De acuerdo con una acusación formal presentada por fiscales federales en Texas, los empresarios Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61, ambos ciudadanos mexicanos y residentes legales en EE.UU., habrían sobornado a al menos tres funcionarios de Pemex y Pemex Exploración y Producción (PEP) entre 2019 y 2021. Las dádivas —por más de 150 mil dólares en efectivo, relojes Hublot y artículos Louis Vuitton— tenían como fin obtener y retener contratos por 2.5 millones de dólares.
Uno de los acusados, Rovirosa Martínez, ya fue arrestado y presentado ante un juez federal en Houston, mientras que Ávila Lizárraga continúa prófugo. Ambos enfrentan cargos bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), con penas de hasta cinco años de prisión por cada delito.
La conexión política
Un reportaje de Infobae señala que Rovirosa mantiene cercanía con el empresario Omar Vargas, quien habría constituido una de sus compañías a través de una notaría de la que era titular Adán Augusto López, cuando ejercía en Tabasco. Según la publicación, dicha red de contactos facilitó en el pasado operaciones comerciales relacionadas con Pemex.
Aunque no existe hasta ahora ninguna acusación judicial contra López Hernández, la revelación ha generado especulación política y mediática, especialmente por el papel protagónico que mantiene dentro de Morena y su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Investigaciones abiertas
El caso es parte de una ofensiva de autoridades estadounidenses —respaldada por el expresidente Donald Trump— para perseguir esquemas de corrupción transnacional que afecten contratos estatales y, según el propio Departamento de Justicia, puedan servir de canal para el lavado de dinero vinculado al crimen organizado.
En México, la Presidencia instruyó a revisar los contratos de Pemex otorgados a las empresas relacionadas con los acusados. Voceros de la petrolera no han respondido a solicitudes de información sobre el estado de dichas licitaciones.
Un frente político y judicial
Mientras en Houston avanza la causa penal, en la arena política mexicana el caso abre un flanco incómodo: la mención de un exsecretario de Gobernación y aspirante presidencial de Morena en una investigación de corrupción internacional, aunque sea de forma indirecta.
El desenlace de este proceso podría no sólo derivar en sanciones judiciales contra los acusados, sino también en un nuevo debate sobre la transparencia y el control de contratos en Pemex, una empresa históricamente salpicada por escándalos de sobornos y tráfico de influencias.
