El nuevo contrato entre Grupo Carso, de Carlos Slim, y Petróleos Mexicanos (Pemex) por hasta 1,991 millones de dólares para perforar 32 pozos en el campo Ixachi, al sur de Veracruz, es más que una operación energética: es un símbolo de cómo el poder económico trasciende ideologías, gobiernos y discursos.

A través de un esquema de financiamiento diferido, Pemex postergará pagos hasta enero de 2027, reconociendo que no tiene capacidad de inversión inmediata. La empresa estatal, emblema de la “soberanía energética”, termina dependiendo de un actor privado con poder estructural: Slim, el empresario que gana en todos los regímenes.

El acuerdo, reportado por Carso a la Bolsa Mexicana de Valores, establece que Pemex pagará en 21 mensualidades por cada pozo entregado, con recursos provenientes de los hidrocarburos producidos.
Es decir, Slim adelanta el dinero y Pemex paga después, una especie de crédito encubierto en un contexto donde la petrolera arrastra una deuda superior a 106 mil millones de dólares y enfrenta recortes presupuestales.

Aunque el campo Ixachi produce ya 93 mil barriles diarios de aceite y 715 millones de pies cúbicos de gas, su expansión depende de contratos financiados por privados. La narrativa de autosuficiencia energética se diluye frente a una realidad de dependencia técnica y financiera.

Slim: el poder que atraviesa gobiernos

Desde que adquirió Teléfonos de México (Telmex) en 1990, Carlos Slim ha sabido adaptarse y ganar con todos los gobiernos, sin importar si son de izquierda, derecha, neoliberales o populistas.
Con Carlos Salinas de Gortari construyó su imperio con la privatización de telecomunicaciones; con Vicente Fox y Felipe Calderón consolidó su presencia en infraestructura; con Enrique Peña Nieto expandió su influencia financiera e industrial; con Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, se convirtió en socio estratégico del Estado en energía y obras emblemáticas.

Slim no compite con los gobiernos: opera sobre ellos.
Su modelo consiste en insertarse en las estructuras públicas, financiarlas cuando están débiles, y recuperar su inversión con amplias garantías. Este contrato con Pemex en Ixachi es otro ejemplo: el Estado carece de liquidez y recurre a Slim, quien garantiza inversión, cobra con intereses y fortalece su posición dominante.

El espejismo de la soberanía

Mientras el discurso oficial habla de fortalecer a Pemex y recuperar la soberanía energética, en los hechos la empresa opera bajo esquemas que ceden control operativo y financiero a contratistas privados.
La figura de Slim como “salvador” evidencia una contradicción: el Estado que presume fuerza necesita de un empresario para sostener su producción.

En el fondo, la alianza refleja una soberanía condicionada: Pemex no tiene margen para invertir, y Slim obtiene contratos que garantizan flujo constante, pagos seguros y participación en los principales yacimientos.

El contrato de 1,991 millones de dólares en Ixachi confirma una verdad incómoda:
Carlos Slim no depende del gobierno; los gobiernos dependen de él.
Ya sea bajo la bandera del neoliberalismo o del populismo, el empresario más poderoso de México ha tejido una estructura paralela de poder económico, capaz de sobrevivir a cualquier alternancia política.
En un país donde el Estado se presenta como soberano, la verdadera estabilidad descansa en los contratos que firma Slim.