Con un debut entre confusiones, la primera votación de la renovada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue el retrato más fiel de su presente. 

En el primer asunto: la Acción de Inconstitucionalidad 186/2023 sobre una Ley de Salud Mental, la sesión se volvió un laberinto. Cuatro ministros a favor, tres en contra y dos abstenciones. 

El recién nombrado presidente, Hugo Aguilar Ortiz, creyó tener mayoría. “¿Es correcto, secretario?”, preguntó con inseguridad. Desde el fondo, Rafael Coello Cetina, Secretario General de Acuerdos, lo corrigió: “Se requieren seis votos, conforme a la norma constitucional”. 

La escena condensó el nuevo estilo de la Corte: improvisación, desconocimiento del procedimiento y dependencia técnica de los funcionarios de carrera. Un presidente sin trayectoria judicial sólida, rodeado de ministros que llegaron por cuotas políticas y no por méritos profesionales.

De tribunal constitucional a asamblea política

La nueva Corte fue reducida de 11 a 9 ministros y eliminó las dos salas que deliberaban en privado. Ahora todo se discute en el Pleno, con cámaras y transmisión en vivo, pero sin el rigor de los proyectos de sentencia. 

El 25 de septiembre, en apenas 14 minutos, resolvieron 14 solicitudes de atracción: la mitad aprobadas, la mitad rechazadas. En otra sesión, revirtieron amparos que protegían terrenos frente a la Fiscalía General de la República, presumiblemente para no incomodar al Ejecutivo. 

El argumento político dominante lo enunció Estela Ríos, ex abogada del ex presidente Andrés Manuel López Obrador: “Debemos ser respetuosos de la voluntad del Legislativo y no asumirnos más allá de nuestras facultades”. 

El eco de esa frase resuena con la crítica de López Obrador a la antigua Corte, a la que acusaba de “colocarse por encima del pueblo”. Hoy, ese discurso se ha institucionalizado dentro del tribunal.

El estilo Batres: entre el dogma y el error

La ministra Lenia Batres Guadarrama, autodenominada “Ministra del Pueblo”, es el rostro más visible del nuevo pleno. Ha confundido términos básicos, como equiparar una controversia constitucional con un “juicio de amparo”, o negar la existencia del principio de democracia deliberativa en la Constitución. 

En múltiples ocasiones ha sido corregida por sus colegas, incluso por el propio presidente. Pero eso no ha frenado sus tropiezos. El 2 de octubre retiró una ponencia para calcular indemnizaciones por muerte con base en UMAS y no en salarios mínimos, no por razones jurídicas, sino, dijo: “por interés mediático”. 

Batres se exhibe constantemente: cambia votos de último momento, pierde documentos, interrumpe sesiones y desatiende el protocolo. Sus confusiones se han vuelto materia prima para el desconcierto institucional.

Dos bloques y una tensión interna

Pese a la aparente armonía, la nueva Corte está dividida en dos bloques. De un lado, el tridente Batres–Aguilar–Estela Ríos, alineado con la narrativa del Ejecutivo. 

Del otro, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, que intentan sostener una mínima estructura jurídica. Los desencuentros son frecuentes: gestos, interrupciones, correcciones públicas. 

El 14 de octubre, al discutir la violencia vicaria, Batres minimizó la omisión del Congreso en tipificar el delito; Ortiz la corrigió en vivo. El presidente apenas pudo pedir orden. 

El resultado fue previsible: seis votos a favor del proyecto de Batres, tres en contra, con un exhorto al Congreso tan tibio como inútil.

Ministros militantes

La independencia judicial se disolvió simbólicamente el 5 de octubre, cuando casi todos los ministros asistieron al mitin de Claudia Sheinbaum en el Zócalo. Publicaron las fotos en redes, orgullosos. El único ausente fue Arístides Guerrero, el ministro más joven, convaleciente de un accidente. 

Días antes, él mismo había leído en el Pleno una definición sacada de la inteligencia artificial sobre el “principio de taxatividad”. La anécdota ilustra el nuevo nivel técnico de la Corte: IA, improvisación y aplausos.

Productividad sin jurisprudencia

El presidente Aguilar presume que la Corte ahora “resuelve 12 asuntos por sesión”, el doble que la anterior. Pero esa productividad es aparente. Muchas resoluciones se votan sin proyecto, sin sentencia escrita, y con argumentos verbales contradictorios. 

Así ocurrió con el decreto antitabaco de López Obrador —ya declarado inconstitucional por invasión de competencias— y con la Ley Minera, donde revocaron amparos válidos sin explicación técnica.

Entre la obediencia y el error

El presidente Aguilar, de origen mixteco, abre cada sesión con un saludo en su lengua, pero comete errores que dejan huella. En un desayuno con reporteros, adelantó cómo votará si llega la reforma a la Ley de Amparo: “Eso sí no. Eso se tiene que ajustar”. Una declaración que lo inhabilita para conocer el caso, según el propio reglamento interno. 

Esa misma semana, negó una solicitud de revisión a un ciudadano que pasó 17 años preso sin condena, por una simple omisión de frase formal: “Bajo protesta de decir verdad”. Y horas después, fue a la Feria del Zócalo a compartir escenario con Batres y seguidores de Morena, entre aplausos.

Una Corte de papel

En apenas mes y medio, la nueva Corte ha demostrado que su prioridad no es el rigor jurídico ni la independencia, sino la obediencia. El tribunal que debía ser contrapeso se ha vuelto correa de transmisión. 

Los errores procesales, los cambios de voto, las frases improvisadas y la sumisión política marcan el fin de una era de equilibrio institucional. 

La “Corte del Pueblo”, como la llaman, se parece más a un tribunal de trámite que al guardián de la Constitución. Y eso, en un país de abusos y autoritarismos recurrentes, no es una anécdota: es una alarma.