Los consejeros ciudadanos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) exigieron este lunes a distintas autoridades federales —entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT)— una revisión integral de la evolución patrimonial y fiscal del senador Adán Augusto López Hernández, ex Gobernador de Tabasco y ex Secretario de Gobernación.
Revisión patrimonial y fiscal
En un posicionamiento público, los integrantes de diversos Comités de Participación Ciudadana del SNA señalaron que los señalamientos sobre los ingresos del legislador deben ser aclarados “más allá de cualquier duda razonable”.
Con pleno respeto a las competencias legales de cada institución, solicitaron a la UIF y a la FGR valorar la procedencia de la apertura o continuación de indagatorias sobre eventuales operaciones inusuales y, de ser el caso, judicializar con estricto apego a derecho.
Pidieron además a la Mesa Directiva del Senado, presidida por la morenista Laura Itzel Castillo, que garantice que la Cámara alta no sea utilizada como escudo para evadir responsabilidades y facilite las aclaraciones necesarias con la máxima transparencia.
Ingresos bajo sospecha
Los señalamientos surgieron en septiembre, cuando trascendió que Adán Augusto López —quien fue Gobernador de Tabasco (2019-2021), Secretario de Gobernación (2021-2023) y aspirante presidencial (2023-2024)— habría obtenido en 2023 y 2024 ingresos por 79 millones de pesos, sin reportar el pago de impuestos correspondientes y sin haber ejercido actividades empresariales.
Ante esto, los consejeros solicitaron al SAT confirmar la consistencia fiscal de la información pública difundida y determinar si existió o no alguna infracción a la ley.
Asimismo, pidieron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al órgano de fiscalización del estado de Tabasco revisar posibles contrataciones o flujos financieros vinculados al periodo referido e informar públicamente sus hallazgos.
Nadie por encima de la ley
Reiteramos que nadie está por encima de la ley y que el fuero parlamentario no debe confundirse con impunidad. La vía institucional para atender señalamientos públicos es investigar, verificar y comunicar resultados con base en evidencias, preservando los principios de presunción de inocencia y debido proceso.
Los consejeros firmantes subrayaron su confianza en que las autoridades competentes actúen con oportunidad, rigor técnico y transparencia, y llamaron al propio López Hernández a aportar voluntariamente la información que disipe dudas y fortalezca la confianza pública.
Los firmantes
El pronunciamiento fue suscrito por Vania Pérez Morales, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del SNA; Laura Elisa Morales Villagrán, titular del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Puebla; Guadalupe Cecilia Huchin Mora, integrante del mismo comité; y Keops Gibrán Torres Hernández, consejero del Sistema Local Anticorrupción de Durango.
De manera colegiada, avalaron el documento los Comités de Participación Ciudadana de Quintana Roo, Michoacán, Sinaloa, Jalisco, Campeche y Durango.
