En varias colonias de la Ciudad de México, especialmente en zonas cercanas al AICM, el robo de combustible sigue operando como si nada hubiera cambiado. Un domicilio es clausurado por el saqueo de turbosina; semanas después, el mismo patrón aparece en otra casa de la misma zona. No es coincidencia: es movilidad criminal.
En la colonia Observatorio, al poniente de la ciudad, el hallazgo fue aún más inquietante: dos túneles construidos con precisión para alcanzar un ducto de Pemex. No eran zanjas improvisadas ni un intento torpe. Se trataba de obra clandestina seria, costosa y claramente planeada. Y aun así, Pemex tardó meses en atender las denuncias vecinales.

Cuando finalmente llegaron los inspectores encontraron lo que cualquiera esperaría en un punto de robo: bidones, pasadizos artesanales y un fuerte olor a combustible. Sin embargo, la versión oficial fue desconcertante: “no se halló evidencia de huachicoleo”. Una declaración difícil de sostener ante la escena descubierta.
Los responsables, por supuesto, ya habían escapado. O se enteraron de la inspección con anticipación, o una falla en el ducto los obligó a abandonar el sitio. Lo más relevante es que este caso no parece un evento aislado, sino parte de una cadena más amplia de puntos de extracción clandestina que opera desde hace años pese a los anuncios gubernamentales de que el huachicol está “controlado”.
En realidad, lo que estos episodios muestran es otra cosa:
- El robo de combustible nunca dejó de operar; solo se desplazó y refinó sus métodos.
- Las autoridades reaccionan tarde y con explicaciones que no corresponden a la evidencia.
Mientras tanto, miles de habitantes viven sin saber que, a metros de sus viviendas, existen túneles cargados de gasolina o turbosina, con el riesgo permanente de incendios o explosiones.
La pregunta de fondo es inquietante:
¿Cómo puede mantenerse una infraestructura clandestina de este tamaño sin que nadie la detecte?
La respuesta apunta a lo evidente: redes criminales que ya no solo perforan ductos, sino también la capacidad del Estado para controlarlas.
Bajo la superficie, la CDMX tiene otra historia: una hecha de tierra removida, pasajes ocultos y combustible robado que contradice cualquier narrativa de “huachicol erradicado”.










