La desaparición de cuatro choferes tamaulipecos en Matías Romero, Oaxaca, no ocurrió en el vacío. Ocurrió, precisamente, en la misma semana en que miles de transportistas y productores del campo salieron a protestar, bloquearon carreteras y exigieron algo tan elemental como poder trabajar sin que los maten, sin que los desaparezcan, sin que la autoridad los multe después de sobrevivir a un ataque.

Es imposible leer lo sucedido en el Istmo de Tehuantepec de otra manera: México está perdiendo la batalla por garantizar las condiciones mínimas de seguridad en sus propias arterias económicas.

Los cuatro operadores —Andrés Eloy Ramos, Aldher Francisco Moreno, Juan José Pérez y Fernando Castro— desaparecieron en un corredor logístico clave, donde confluyen hidrocarburos, transporte de carga, mercancías básicas y rutas que conectan el sur con el centro del país. El lugar no es casual: en el Istmo convergen disputas criminales, intereses económicos y una presencia estatal intermitente, incapaz de garantizar siquiera un perímetro seguro alrededor de una pensión de Pemex.

La protesta nacional de transportistas y agricultores de esta semana no fue un capricho. Fue la expresión contenida de una realidad que ya rebasó toda narrativa triunfalista: en México desaparecen choferes, se roban tráileres a plena luz del día, secuestran operadores, los ejecutan en carreteras federales y, además, enfrentan extorsiones que van desde cárteles hasta cuerpos policiacos locales y federales.

No hay exageración. Los propios números oficiales reconocen más de cinco mil robos a transportistas en diez meses, y casi el 82 por ciento con violencia. Es decir, no se trata de criminalidad “de oportunidad”, sino de ataques directos a la columna vertebral del abastecimiento nacional.

Por eso la desaparición de los cuatro transportistas en Oaxaca pesa más que una tragedia individual: simboliza el colapso de la promesa básica del Estado mexicano.
Porque un país puede sobrevivir a recortes, a inflación o incluso a turbulencias políticas. Lo que no puede sobrevivir es a que sus carreteras se conviertan en territorios donde convergen la delincuencia organizada, la autoridad omisa y una sociedad que, cada vez más, normaliza que un operador no llegue a su destino.

Mientras miles de transportistas y campesinos exigían seguridad en carreteras, pagos justos y fin a las extorsiones, cuatro operadores desaparecían sin que hasta ahora exista una sola línea clara de investigación, un solo responsable detenido, un solo mensaje contundente de que el Estado controla sus rutas estratégicas.

Es imposible no leer esta coincidencia como una metáfora perfecta:
México protesta mientras México desaparece.
Y el gobierno, atrapado entre discursos y cifras acomodadas, exhibe su incapacidad para responder a una emergencia que dejó de ser sectorial para volverse estructural.

La desaparición de estos cuatro choferes —padres, hijos, trabajadores que sostienen el movimiento diario del país— debería ser el punto de quiebre.
Pero, si algo hemos aprendido, es que en México los puntos de quiebre rara vez quiebran nada.
Las protestas se disuelven, los funcionarios prometen, las denuncias se archivan y las carreteras vuelven a ser el mismo escenario donde operadores apagan las luces, agarran el crucifijo del tablero y rezan para llegar.

Hoy, las familias de los cuatro transportistas esperan noticias.
El gremio entero espera respuestas.
Y el país entero debería preguntarse qué tan cerca estamos de que la cadena logística que sostiene nuestra economía colapse no por falta de inversión o infraestructura, sino por miedo, por la certeza de que una carretera mexicana puede tragarse a un trabajador sin dejar rastro.

México no puede aspirar a nearshoring, inversiones históricas ni modernización ferroviaria mientras sus transportistas desaparecen.
El futuro se atasca en el mismo punto: no hay desarrollo posible sin seguridad, y no hay seguridad posible con carreteras convertidas en zonas de excepción permanente.