Sinaloa vive bajo el dominio abierto de Los Chapitos y La Mayiza. Apenas cuatro días después de que la narcoviolencia dejara tres muertos y al menos seis heridos en Escuinapa, el municipio del sur del estado volvió a arder la mañana del domingo. Alrededor de las 7:00 horas se desataron balaceras en la cabecera municipal, cercana a Mazatlán, con un saldo de al menos dos muertos, ambos víctimas colaterales.

De manera extraoficial, se reportó que un adulto mayor que circulaba en motocicleta murió atropellado por sicarios que se desplazaban en una camioneta en la Colonia Centro. En otro punto, un taxista fue alcanzado por una bala en la Colonia Paredones. La violencia no fue un hecho aislado: se registraron narcobloqueos y quema de unidades en las principales vías de la región.

Hubo cierres en la Autopista Tepic–Mazatlán, a la altura del kilómetro 183+100, donde una unidad de carga pesada fue incendiada; también en la Carretera Libre 15, en Loma Atrasada, y otro bloqueo más en la vía estatal Escuinapa–Teacapán. Horas después, la autoridad intentó transmitir control. “El Grupo Interinstitucional ha liberado la autopista Mazatlán–Tepic”, informó la Secretaría de Seguridad estatal pasadas las 12:00 horas, al tiempo que pidió circular con precaución y aseguró que la situación en la cabecera municipal “ya está controlada”.

La realidad desmiente el parte oficial. El 17 de diciembre, un enfrentamiento entre grupos rivales —con uso de drones con explosivos y narcobloqueos— dejó tres muertos en Escuinapa y paralizó escuelas y comercios durante la mañana. La repetición de episodios en menos de una semana confirma que el control criminal persiste y que los operativos llegan tarde.

Este escenario ocurre a la vista de un dispositivo de seguridad integrado por Guardia Nacional, Ejército y Marina, cuya presencia masiva contrasta con resultados nulos o reactivos. Tampoco han servido las visitas de “doctor” del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, del titular de la Defensa, Ricardo Trevilla, ni del secretario de Marina, Raymundo Morales. Son recorridos que no alteran el equilibrio criminal ni devuelven la tranquilidad.

El anfitrión de esas giras, el gobernador Rubén Rocha Moya, parece enfocado en administrar la narrativa. Mientras Escuinapa y Culiacán registran bloqueos, ejecuciones y víctimas colaterales, el gobierno estatal inyecta decenas de millones de pesos a propaganda política para sostener un blindaje que lo mantiene tolerado e inamovible.

La ola de violencia se inscribe en la guerra abierta entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa, Los Chapitos y La Mayiza, recrudecida tras el arresto y la declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada. En ese contexto, el silencio operativo desde la Presidencia es elocuente. La Claudia Sheinbaum Pardo evita exigir resultados o cambios de fondo. El mensaje es claro: se privilegia la estabilidad política y el control del relato por encima de la seguridad real.

Sinaloa queda así atrapado entre despliegues sin eficacia, comunicados optimistas y propaganda sin freno, mientras los grupos criminales imponen tiempos y territorios. La población paga el costo de una tolerancia que ya no admite disfraces.