Mientras Claudia Sheinbaum insiste en premiar con una embajada al ex fiscal Alejandro Gertz Manero, Raúl Rocha Cantú, acusado de huachicol, tráfico de armas y delincuencia organizada, reaparece tranquilo en París, bebiendo en el Bar Vendôme del Hotel Ritz. No es una coincidencia: fue durante la gestión de Gertz Manero cuando la Fiscalía General de la República le otorgó el criterio de oportunidad que lo dejó en libertad, un beneficio excepcional que hoy explica por qué un imputado de delitos graves puede pasearse por Europa mientras en México los jueces se disputan el expediente y la justicia sigue sin alcanzarlo.
Rocha Cantú, uno de los dueños del certamen Miss Universo -donde ganó la tabasqueña Fátima Bosch– no es un perseguido político ni un empresario víctima de excesos judiciales. Es un imputado que perdió el beneficio de testigo colaborador tras incumplir con su obligación de comparecer ante la Fiscalía General de la República. Un juez federal ya fue claro: debe presentarse cuando sea citado, como cualquier ciudadano. No hay fuero, no hay excepción, no hay privilegio constitucional que lo ampare.
Y sin embargo, ahí está: libre en París.
La FGR retiró su inmunidad penal luego de que faltara a diligencias clave los días 8 y 12 de diciembre, en las que debía ampliar información sobre la estructura criminal a la que presuntamente perteneció. En sus propias declaraciones, Rocha Cantú admitió haber financiado operaciones de huachicol transnacional desde Guatemala, aunque intentó minimizar su papel: dijo que sólo fueron dos movimientos, 4.2 millones de pesos invertidos y ganancias de apenas 1.2 millones. Como si el delito se diluyera por el monto.
La indagatoria federal sostiene que operaba con Jacobo Reyes León, alias “El Yaicob”, y otros integrantes de una red dedicada al contrabando de combustible, con almacenamiento en Querétaro y ramificaciones interestatales. Aun así, el caso avanza a trompicones: jueces que se declaran incompetentes, expedientes que se turnan de Querétaro al Estado de México y a Morelos, y un proceso que se fragmenta mientras el principal imputado cruza fronteras.
Pero el punto más grave no está en París. Está en México.
Porque fue durante la gestión de Alejandro Gertz Manero cuando Rocha Cantú obtuvo el criterio de oportunidad que hoy explica su libertad. Un beneficio extraordinario que debía servir para desmantelar una red criminal y no para ganar tiempo, evadir citatorios y terminar en Europa. El fracaso es evidente. La responsabilidad política, también.
Y pese a ello, la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en premiar a Gertz Manero con una embajada. No una investigación, no una rendición de cuentas, no una revisión crítica de su actuación al frente de la Fiscalía. Una embajada.
El mensaje es demoledor: no importa que la Fiscalía haya dejado ir a un acusado de delitos graves; la recompensa es diplomática. Se institucionaliza así una lógica perversa: el error, la omisión o la complacencia no se castigan, se premian. Y la impunidad no sólo se tolera: se exporta.
La imagen de Rocha Cantú en el Ritz no es un exceso de lujo; es una postal del sistema. Mientras los jueces mexicanos se disputan quién debe llevar el caso, mientras la FGR intenta recomponer un expediente que ella misma debilitó, el imputado disfruta del anonimato europeo. Y mientras tanto, quien encabezó esa Fiscalía es candidato a representar al país en el extranjero.
La pregunta ya no es sólo por qué Rocha Cantú está libre. La pregunta es qué tipo de Estado se construye cuando la justicia falla hacia arriba y la diplomacia se usa como premio político. París no es el escándalo. El escándalo está en México.
