Pemex sigue sin explicar por qué el actual gobierno mexicano decidió incrementar de forma drástica los envíos de petróleo a Cuba. Desde Palacio Nacional se insiste en que el flujo de hidrocarburos “se mantiene igual” que en sexenios anteriores, pero los datos internacionales muestran una realidad muy distinta: en poco más de un año, México ha enviado 17.04 millones de barriles, una cifra 16 veces mayor a la registrada en administraciones previas.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró esta semana que Pemex, encabezada por Víctor Rodríguez Padilla, aportaría cifras que demostrarían la continuidad de estos envíos. Sin embargo, la información disponible en los mercados energéticos internacionales desmiente esa narrativa. No se trata de una práctica histórica, sino de una decisión política reciente, alineada con el acercamiento de México al régimen de Miguel Díaz-Canel.
Lo más revelador es el silencio oficial sobre un elemento clave: Estados Unidos no considera estos envíos como ayuda humanitaria, sino como un respaldo económico directo a la dictadura castrista.
La administración de Donald Trump ha sido clara al señalar que el petróleo mexicano no está destinado a hospitales, escuelas o programas sociales, sino a sostener el aparato estatal cubano, incluyendo sus estructuras de control político, represión y propaganda. Para Washington, estos envíos representan un salvavidas financiero para un régimen autoritario que, de otro modo, enfrentaría una crisis energética aún más profunda.
Y aquí es donde el tema deja de ser ideológico para convertirse en estratégico.
México no solo está apoyando a un gobierno señalado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos; también está enviando una señal incómoda a su principal socio comercial. Estados Unidos es el mayor destino de las exportaciones mexicanas, el principal inversor en el país y el pilar del T-MEC. Ignorar sus advertencias no es un gesto simbólico: es una apuesta de alto riesgo.
El mensaje de Washington es inequívoco: apoyar energéticamente a Cuba no es neutral, y mucho menos humanitario. En el contexto de una relación bilateral ya tensionada por temas de seguridad, migración y combate al narcotráfico, este gesto puede convertirse en otro punto de fricción.
Si la Casa Blanca decide endurecer su postura, el impacto podría ir más allá del discurso diplomático. El T-MEC no es solo un tratado comercial; es una herramienta de presión política. Y en un escenario de confrontación, México podría enfrentar revisiones, paneles, sanciones indirectas o un deterioro en la cooperación económica.
Resulta paradójico que el gobierno mexicano critique constantemente el “periodo neoliberal”, pero evite mencionar que durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no existieron envíos masivos de crudo a Cuba. Hoy, bajo una administración que se autodefine como “humanista”, el respaldo energético a una dictadura se ha multiplicado como nunca.
Más que una política exterior pragmática, el regalo de petróleo a Cuba parece responder a una afinidad ideológica con los regímenes de izquierda autoritaria en América Latina. El problema es que esa afinidad no se paga con discursos, sino con consecuencias económicas y diplomáticas.
México no solo está financiando al régimen de Díaz-Canel. Está arriesgando su relación con Estados Unidos, su estabilidad comercial y la credibilidad de su política exterior. Y todo, para sostener a una dictadura que ni siquiera permite elecciones libres.
