Con este nuevo traslado, el Gobierno de México suma 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos durante la actual administración, en un contexto de creciente presión política desde Washington.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México trasladó a 37 operadores de organizaciones criminales a Estados Unidos, todos requeridos por autoridades de ese país y considerados de alto impacto por su capacidad para generar violencia y mantener estructuras delictivas activas.

La operación se ejecutó con base en la Ley de Seguridad Nacional, bajo mecanismos de cooperación bilateral y con el compromiso formal de que no se solicitará la pena de muerte para los internos entregados.

Los traslados se realizaron con custodia aérea y terrestre, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas, con destino a Washington (Dulles), Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego.

Con esta acción, suman 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos en la presente administración, de acuerdo con información difundida por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

“Esta mañana el @GabSeguridadMX trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país”, escribió el funcionario.

“La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional. A solicitud de @TheJusticeDept, se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte”.

Las 37 personas se encontraban privadas de la libertad en distintos centros penitenciarios del país, incluidos penales federales de máxima seguridad como el Cefereso No. 1 “El Altiplano”, y enfrentan procesos judiciales en cortes estadounidenses por delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero y conspiración criminal.

Entre los trasladados destacan Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del Cártel del Noreste, con operaciones en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Es señalado por control territorial y coordinación de células armadas. Fue requerido por una corte de San Antonio, Texas.

También figura Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, operador histórico de Los Beltrán Leyva y padre de Pedro Inzunza Coronel. Está vinculado a estructuras financieras del grupo. Su caso está en una corte de San Diego, California.

Otro de los trasladados es Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, operador logístico de Los Beltrán Leyva, relacionado con Fausto Isidro Meza Flores, “Chapo Isidro”, y Óscar Manuel Gastélum, “El Músico”. Fue enviado a San Diego.

Dentro del operativo también fue trasladado Armando Gómez Núñez, alias “Delta1”, líder de Los Deltas, célula armada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalado por ataques armados y confrontación directa con fuerzas federales. Fue enviado a Dulles, Washington.

Además, resalta Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, operador del Cártel del Pacífico, encargado del tráfico de drogas y la coordinación transfronteriza. Era objetivo prioritario del FBI.

El traslado se ejecutó de forma simultánea desde diversos penales, con cierre de perímetros, escoltas federales, apoyo aéreo y protocolos de máxima seguridad para evitar fugas o rescates.

Autoridades federales reconocieron que varios de los internos seguían operando desde prisión, lo que motivó su salida del país como un mecanismo para desarticular mandos criminales.

Una fuente de la Fuerza Aérea indicó que algunos reos fueron movilizados en muletas o sillas de ruedas, reflejo del deterioro físico tras años de reclusión, pero bajo custodia armada permanente y supervisión médica.

Aunque el Gobierno mexicano presenta estas entregas como parte de la cooperación bilateral y la lucha contra el crimen organizado, el contexto político resulta imposible de ignorar.

La entrega masiva de 37 operadores criminales ocurre en medio de presiones directas de Donald Trump, quien ha endurecido su discurso contra México por el tráfico de fentanilo, la migración y la presunta tolerancia a los llamados narco-políticos.

Más que una estrategia integral de seguridad, estas extradiciones parecen funcionar como una moneda diplomática: entregar criminales de alto perfil para desactivar tensiones con la Casa Blanca.

No es la primera vez. En 2025, el Gobierno mexicano ya había enviado 55 criminales a Estados Unidos bajo esquemas casi idénticos. Entre ellos figuraron Rafael Caro Quintero, Servando Gómez “La Tuta”, Vicente Carrillo Fuentes, El Chango Méndez y Erick Valencia, fundadores y líderes históricos del narcotráfico.

En aquel momento, las entregas se vendieron como golpes estratégicos al crimen. Hoy, el patrón se repite, pero con un ingrediente adicional: la presión política estadounidense.

El discurso oficial insiste en el “pleno respeto a la soberanía nacional”. Sin embargo, el hecho de que las entregas se realicen a solicitud del Departamento de Justicia de EE. UU., con compromisos explícitos sobre la pena de muerte, evidencia quién marca la agenda.