Tras días de intensa polémica en redes sociales y medios de comunicación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó este domingo que sus ministras y ministros decidieron no utilizar las camionetas blindadas recientemente adquiridas, que habían provocado fuertes críticas por su costo y presunta contradicción con compromisos de austeridad institucional.
En un comunicado oficial, la Corte precisó que además del rechazo al uso de las nuevas unidades, se iniciará el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlas a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre conforme a la normatividad aplicable. La institución afirmó: “Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera”.
La decisión llega después de que circularan imágenes y comentarios en plataformas digitales señalando que los magistrados se habían beneficiado con vehículos de alta gama pese a haber asumido sus cargos con un discurso de austeridad. En redes se llegó a calificar a los integrantes del máximo tribunal como la llamada “Corte del acordeón”, en referencia satírica al contraste entre ese discurso y la adquisición de “super camionetas” cuyo costo rondaría los 3 millones de pesos cada una en algunas versiones circuladas en redes sociales.
Según la autorización interna, la unidad de administración de la Corte había aprobado la compra de nueve camionetas blindadas con un costo total de 25 millones 650 mil pesos, lo que implica un precio promedio de 2 millones 850 mil pesos por vehículo, con IVA incluido.
La SCJN había defendido la adjudicación de las camionetas argumentando que respondía a criterios de seguridad institucional y actualización de la flotilla vehicular, puesto que los vehículos anteriores, de modelos 2019 y 2020, ya no cumplían con los estándares necesarios para proteger a quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad. En su justificación, la Corte sostuvo que la adquisición se realizó en estricto apego a la normativa vigente y con el objetivo declarado de garantizar condiciones adecuadas de protección.
La controversia escaló cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la compra de las camionetas se había realizado tras cancelar un contrato de arrendamiento y que, según información institucional recibida, representaría un ahorro superior a mil millones de pesos para el Poder Judicial de la Federación. Pese a ello, la mandataria pidió a la Corte transparentar los detalles de la adquisición, incluyendo los criterios de seguridad que la motivaron.
El caso ha reabierto el debate sobre la coherencia entre los compromisos de austeridad anunciados por el Poder Judicial —especialmente tras la reforma judicial de 2025 que buscaba reducir privilegios en el sistema de justicia— y las prácticas administrativas que involucran recursos públicos. El próximo 26 de enero, la SCJN ha convocado a una conferencia de prensa para precisar información adicional sobre el proceso y aclarar los cuestionamientos públicos.
