Los ministros de la Suprema Corte metieron a la presidenta Claudia Sheinbaum en un problema vergonzoso. Ahora tendrá que hacer malabares dialécticos para explicar lo inexplicable: la defensa de unas camionetas de lujo blindadas que, tras la presión pública, terminaron siendo devueltas.

Este domingo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que las nueve camionetas Grand Cherokee blindadas adquiridas para sus ministros no serán utilizadas y que ya se inició el proceso para su devolución o, en su caso, para ponerlas a disposición de juzgadores que enfrenten mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable.

Las unidades, cuyo costo total ascendió a 25.6 millones de pesos, se convirtieron en el símbolo más reciente de la contradicción entre el discurso de austeridad y la realidad del poder. Cada vehículo, equipado con blindaje de alto nivel, superó con amplitud los estándares de gasto que el propio gobierno ha exigido a otras dependencias.

La decisión llega apenas días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum defendiera públicamente la adquisición, al señalar que la Suprema Corte le había informado que la operación representaba un supuesto ahorro de alrededor de mil millones de pesos frente a esquemas anteriores. El argumento pretendió cerrar el debate bajo la lógica de la eficiencia administrativa, pero se desmoronó frente al rechazo social.

Las críticas fueron inmediatas y crecientes. La imagen de ministros estrenando camionetas de lujo, financiadas con recursos públicos, chocó de manera frontal con la narrativa de “austeridad republicana” y con la promesa de una nueva “Corte del Pueblo” cercana a la ciudadanía.

Ante ese escenario, los ministros no resistieron la presión. El comunicado emitido este domingo, aunque envuelto en un lenguaje institucional, es una rectificación política en toda regla. La llamada “Corte del Acordeón” terminó por invalidar el argumento presidencial que había servido como escudo inicial para justificar el gasto.

El episodio no sólo exhibe un error administrativo, sino una cadena de responsabilidades políticas. La defensa presidencial quedó desfasada en cuestión de horas, y ahora la atención se centra en la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, donde se espera que Claudia Sheinbaum fije una nueva postura sobre el escándalo de las Cherokees.

La pregunta de fondo permanece: ¿quién informó a quién y con qué rigor? Si la Presidencia fue inducida a defender una decisión insostenible, el daño es político y simbólico. Si la defensa fue voluntaria, el costo es todavía mayor.

La devolución de las camionetas no cierra el caso; lo amplifica. Se trata del primer gran tropiezo discursivo en la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en esta nueva etapa. En un país marcado por la desigualdad y el hartazgo social, el margen para justificar privilegios se agotó. Y esta vez, ni el acordeón alcanzó para tapar el ruido.