Desde el inicio de la investigación por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, en el que murieron 14 personas y más de 100 resultaron heridas, la Fiscalía General de la República (FGR) optó por concentrar la responsabilidad en el maquinista, sin mencionar a quienes supervisaron el proyecto ferroviario. Entre ellos se encuentra Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien el propio exmandatario ha señalado como supervisor de obras estratégicas, incluido el Tren Interoceánico.
En un mensaje oficial grabado, sin presencia de medios ni posibilidad de preguntas, la Fiscal General, Ernestina Godoy, afirmó que el accidente fue causado por el exceso de velocidad del operador Felipe de Jesús Díaz Gómez, quien ya fue detenido y acusado de homicidio culposo y lesiones culposas.
De acuerdo con la exposición de Ernestina Godoy, el tren alcanzó hasta 110 km/h en tramos con límite de 70 km/h, y circulaba a 65 km/h en un segmento con seis curvas, donde el máximo permitido era de 50 km/h. La FGR descartó fallas en vías, rieles, durmientes, balastro, trenes y sistema de frenado, y sostuvo que no existen elementos para atribuir el siniestro a causas distintas al exceso de velocidad, aunque reconoció que los peritajes continuarán.
Sin embargo, la Fiscalía no explicó por qué ningún sistema de alerta o control automático se activó durante más de una hora en un trayecto de 76 kilómetros, pese a que el tren realizó paradas en estaciones antes del accidente. Para especialistas del sector, atribuir la tragedia a un solo factor resulta técnicamente insuficiente.
Un tren viejo sobre vías viejas
A diferencia del Tren Maya, que cuenta con vías Clase 5 y tecnología moderna de señalización, el Tren Interoceánico opera sobre vías Clase 3, diseñadas esencialmente para trenes de carga, con límites de velocidad menores. Además, las locomotoras y coches utilizados tienen entre 25 y 45 años de antigüedad.
El especialista ferroviario Carlos Barreda señaló que faltan peritajes fundamentales sobre las vías y el equipo rodante, los cuales pueden tardar entre dos y tres meses, y recordó que las locomotoras cuentan con sistemas automáticos de control de velocidad. “Si hubo exceso, algo falló en esos sistemas”, advirtió.
Intimidación y silencio impuesto a las víctimas
En paralelo, familiares de las víctimas denunciaron presiones para no hablar con medios de comunicación, por temor a que se vea afectado el proceso de indemnización. Autoridades municipales de San Pedro Comitancillo, Oaxaca, señalaron que el cambio de actitud ocurrió tras condicionamientos de la Secretaría de Marina y de funcionarios de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas.
Entre las personas fallecidas se encuentran Elena Solorza Cruz, una niña de seis años, y su abuela Hilda Alcántara Alvarado. De acuerdo con testimonios locales, uno de los hijos de Hilda dejó de dar entrevistas tras recibir llamadas de funcionarios federales.
Para Carlos Beas Torres, coordinador de la Ucizoni, se trata de un “silencio impuesto”: “Hay una intención de minimizar y ocultar la información. Primero dijeron que había sólo 20 heridos; ahora buscan que las víctimas no tengan rostro”.
Mientras la FGR, bajo la conducción de Ernestina Godoy, cierra filas en la culpa individual del maquinista y omite cualquier referencia a la supervisión política del proyecto, persisten dudas técnicas, crecen las denuncias de intimidación y se amplía el debate sobre la responsabilidad institucional en una tragedia donde la transparencia y la rendición de cuentas siguen pendientes.
