En apenas siete meses, Jesús Octavio García González pasó de competir como proveedor de material electoral a convertirse en el director de Administración del Instituto Nacional Electoral (INE), cargo desde el cual controla un presupuesto superior a 15 mil millones de pesos, situación que ya derivó en denuncias por probable conflicto de interés.

El 21 de septiembre pasado, la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, designó a García González como responsable de administrar los recursos del INE, sin el aval del Consejo General, pese a que meses antes había participado, como representante de empresas privadas, en licitaciones del propio instituto, según información de Abel Barajas y Érika Hernández en el periódico Reforma.

En enero de 2025, García González representó a Corporativo Zeg en el concurso para proveer urnas electorales genéricas, mamparas especiales y dados marcadores para la elección judicial de junio, por un monto de hasta 197 millones 66 mil 735 pesos. Aunque el procedimiento fue declarado desierto, el contrato terminó asignándose por adjudicación directa a Cajas Graf, empresa que también había sido representada por el hoy funcionario cinco años atrás.

Cajas Graf obtuvo las dos partidas más importantes:

• Urnas electorales, por 21 millones 39 mil 769 pesos
• Mamparas especiales, por 174 millones 68 mil 895 pesos

El monto total ascendió a 195 millones 108 mil 664 pesos.

Por estos hechos, desde el 20 de enero pasado García González enfrenta una denuncia anónima ante el Órgano Interno de Control (OIC) del INE, registrada con el folio 20260120194039022, por probable conflicto de interés y abuso de funciones. El señalamiento central es que pasó, en un periodo muy corto, de representar empresas proveedoras a ser el funcionario encargado de contratarlas.

La queja exhibe un poder para pleitos, cobranzas y actos de administración otorgado el 1 de junio de 2023 por Corporativo Zeg, el cual —según el denunciante— sigue vigente y no fue declarado en el currículum público del funcionario.

“Estas circunstancias ameritan una investigación para determinar si existió conflicto de interés y si se cumplió con la declaración y excusa previstas en la ley”, señala el documento presentado ante el OIC.

La llegada de García González al INE se dio con hermetismo. Consejeros electorales advirtieron que su currículum omitía su papel como representante legal de empresas proveedoras, lo que encendió alertas internas sobre posibles irregularidades en los procesos de contratación.

En meses recientes, integrantes del Consejo General también han cuestionado el uso recurrente de adjudicaciones directas y han planteado la creación de una Comisión de Administración para supervisar los contratos más relevantes del organismo electoral.