El libro Ni Venganza Ni Perdón. Una amistad al filo del poder, firmado por Julio Scherer Ibarra y el periodista Jorge Fernández Menéndez, detonó un choque público dentro del círculo que acompañó al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde el Senado, el legislador de Morena Gerardo Fernández Noroña arremetió contra el exconsejero jurídico de la Presidencia y afirmó que “debería estar en la cárcel”, al acusarlo de mentir y de actuar con deslealtad tras la publicación del libro.

La polémica se centra en un capítulo donde Scherer describe supuestas gestiones políticas encabezadas por Jesús Ramírez Cuevas, actual integrante del gabinete presidencial, relacionadas con un programa de compensaciones que habría alcanzado los 27 mil millones de pesos para electricistas. Según el relato, parte de los beneficiarios habrían acompañado actos proselitistas de Clara Brugada cuando competía por la Jefatura de Gobierno capitalina.

El episodio se remonta a la extinción de Luz y Fuerza del Centro durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando más de 40 mil trabajadores fueron liquidados. De acuerdo con el libro, un grupo disidente del Sindicato Mexicano de Electricistas mantuvo demandas adicionales de compensación económica y recibió atención directa de Ramírez Cuevas.

En una transmisión en redes sociales, Fernández Noroña sostuvo que Scherer traicionó la confianza del movimiento y aseguró que, aunque no ha revisado el libro en su totalidad, considera que las acusaciones constituyen falsedades y calumnias. El senador enfatizó que el expresidente López Obrador le tuvo aprecio al exfuncionario y que por ello lo designó consejero jurídico, un cargo de alta influencia política.

Hasta el momento, no se ha anunciado ninguna acción legal contra el autor del libro, mientras el debate se amplifica en el contexto de las tensiones internas de Morena.

Lealtad política vs. rendición de cuentas

El enfrentamiento entre Scherer y Noroña revela algo más profundo que una disputa personal: exhibe la fragilidad del discurso de unidad en la llamada Cuarta Transformación cuando surgen señalamientos desde dentro.

El libro no proviene de un opositor histórico ni de un adversario ideológico, sino de alguien que ocupó un puesto estratégico en el primer círculo presidencial. Esa circunstancia incomoda más que cualquier crítica externa. La reacción airada —pedir cárcel por un testimonio político— envía una señal preocupante sobre la tolerancia a la disidencia interna.

En democracia, la lealtad no puede estar por encima de la transparencia. Si las acusaciones son falsas, corresponde refutarlas con datos, auditorías y explicaciones documentadas. Si contienen elementos verificables, ameritan investigación institucional, no descalificación retórica.

La narrativa de traición suele ser el recurso de los movimientos que privilegian la cohesión política sobre la deliberación pública. Pero cuando la respuesta a un libro es la amenaza penal, el mensaje trasciende al autor: advierte a cualquiera que, desde dentro, pretenda contar otra versión del poder.

El episodio también subraya un dilema recurrente en los gobiernos de mayoría: la frontera entre movilización política y uso de programas públicos. La sola sospecha de que recursos o compensaciones sociales puedan tener un componente electoral erosiona la legitimidad del proyecto.

La Cuarta Transformación ha defendido su superioridad moral frente a los gobiernos anteriores. Esa narrativa obliga a estándares más altos de rendición de cuentas. La discusión no debería centrarse en la lealtad personal, sino en la veracidad de los hechos y la transparencia del manejo público.

El debate está abierto. La credibilidad institucional dependerá de cómo se procese: con argumentos y pruebas, o con descalificaciones y amenazas.