La Cámara de Diputados aprobó este 7 de octubre, en lo general, la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor conocida como “Ley Antimemes”, en medio de advertencias sobre sus posibles consecuencias para la libertad de expresión, la privacidad y el acceso a la información. El principal cuestionamiento es que las sanciones millonarias podrían empujar a los proveedores de servicios de internet a eliminar publicaciones ante cualquier reclamación, incluso cuando su carácter infractor sea discutible.

Con 325 votos a favor, 114 en contra y una abstención, Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) impusieron su mayoría para respaldar la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra. La abstención correspondió a Olga Sánchez Cordero.

El dictamen reforma el artículo 114 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies para regular la responsabilidad secundaria de los proveedores de servicios de internet por infracciones cometidas mediante sus servicios. La aprobación general abrió paso al análisis de las reservas en lo particular; por sí misma, esa votación no significa que las disposiciones ya estén vigentes.

La propuesta modifica las condiciones del llamado puerto seguro, el régimen que permite a los proveedores quedar exentos de responsabilidad por determinadas infracciones de sus usuarios cuando cumplen los requisitos legales. Entre las obligaciones planteadas figura contar con una política para terminar la prestación del servicio a infractores reincidentes.

También atribuye responsabilidad al proveedor cuando “contribuya, induzca o cause la conducta infractora, y tenga conocimiento de la misma”. La discusión abarca el retiro de contenidos protegidos, incluidas obras, imágenes, voz, videogramas o fonogramas modificados sin autorización mediante inteligencia artificial u otras herramientas tecnológicas.

Las sanciones previstas van de 117 mil 310 pesos a 4 millones 692 mil pesos, además de una multa adicional de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quien persista en la infracción. Su aplicación correspondería al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Para la oposición, el problema central está en los incentivos para retirar contenido preventivamente y en las garantías disponibles para quien sea acusado de infringir derechos de autor. Bajo esa lógica, una empresa podría considerar menos costoso borrar una publicación que enfrentar una sanción, aunque se trate de una parodia, una crítica o una cita periodística cuya legalidad requiera evaluación.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Gloria Núñez, reconoció la necesidad de proteger a los autores, pero sostuvo que ese propósito no debe poner en riesgo los derechos de los usuarios. Cuestionó cómo se comprobará la reincidencia, quién revisará las decisiones de las plataformas y qué procedimiento permitirá defenderse antes de una suspensión.

También advirtió que perseguir la reincidencia podría incentivar la vigilancia constante de las personas usuarias, pese al argumento de que no habrá monitoreo. A su juicio, las multas provocarían que los proveedores retiren memes, parodias o citas periodísticas ante la mínima duda para proteger su patrimonio.

“El monto excesivo de estas multas convierte la remoción en un mecanismo de censura en sí”, afirmó.

El priista Mario Zamora coincidió en que la reforma no precisa qué constituye un infractor reincidente, cuántas infracciones se requieren para recibir esa clasificación, quién debe acreditarlas ni ante qué instancia podrá defenderse el afectado.

“Nos están quitando la parodia, nos están quitando la crítica, nos están quitando algo tan nuestro, que es de todos los mexicanos, que conocemos como la picardía mexicana. ¿Por qué tenerle miedo a ello? Por algo en la calle la gente le llama ‘Ley Antimeme’”, señaló.

Antes de la votación, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, presentó una moción suspensiva para abrir la discusión a especialistas y medios de comunicación. Aseguró que el proyecto contenía un “error de esos que suscitan risa”, aunque no explicó en qué consistía.

“Yo que ustedes sí le diría al líder de mayoría: ¿y por qué no lo votamos cuando menos la semana que entra para encontrar el gazapo? Chequen lo que quiere decir en el diccionario gazapo, para encontrar el gazapo que hicieron”, expresó. La mayoría rechazó su petición.

La panista Kenia López Rabadán llevó el debate al terreno político. Acusó que la reforma podría utilizarse para presionar a los proveedores a retirar publicaciones que incomoden al Gobierno y sostuvo que las prioridades deberían ser combatir a narcotraficantes, huachicoleros y narcopolíticos.

“Han existido críticas siempre, cada sexenio, nunca habíamos visto a un gobierno que tuviera la piel tan delgadita. En este régimen solo quieren poder, dinero y privilegios, no quieren escuchar a los mexicanos (…) México necesita libertad para hablar sobre las acusaciones en contra de Rocha Moya, sobre los contratos millonarios de Amílcar Olán, sobre los negocios de ‘Andy’ López Beltrán, sobre el descaro de Inzunza de seguir en su silla como legislador”, declaró.

Las referencias a Rubén Rocha Moya, Amílcar Olán, Andrés Manuel López Beltrán y Enrique Inzunza formaron parte de su intervención política; no constituyen determinaciones jurídicas del dictamen.

Desde Morena, Raúl Villaseñor defendió la iniciativa con el argumento de que la expansión de los servicios digitales ha multiplicado la reproducción no autorizada, la explotación indebida y la vulneración de los derechos de los creadores.

“Las plataformas digitales en la actualidad no sólo son comunicación, concentran poder, información y ganancias y se deben resolver no solamente en los escenarios futuros, sino en los presentes para garantizar debidamente los derechos de los creadores”, sostuvo.

El legislador rechazó que la reforma sea punitiva o esté dirigida contra los proveedores. Afirmó que busca establecer reglas claras y equilibrar la protección de autores, usuarios y empresas.

La controversia se inscribe en un debate más amplio sobre propiedad intelectual y libertad de expresión. El Gobierno ha defendido otras reformas relacionadas como instrumentos contra la piratería y el fraude, vinculados con compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En el Senado, Javier Corral sostuvo que los cambios penales sobre suplantación de identidad institucional buscan castigar engaños destinados a cometer ilícitos.

Sin embargo, ese paquete penal debe distinguirse de la reforma discutida ahora en San Lázaro, centrada en la responsabilidad de los intermediarios digitales. Mezclar ambas medidas puede llevar a presentar las multas a proveedores como si fueran automáticamente penas de prisión por publicar memes.

La disputa de fondo permanece: cómo proteger los derechos de autor sin convertir a las empresas en árbitros privados de la expresión pública.