Mientras la deuda pública de México continúa creciendo a un ritmo histórico y el costo de pagar sus intereses consume recursos que podrían destinarse a salud, infraestructura y servicios públicos, Morena y sus aliados aprobaron un nuevo endeudamiento por 1.7 billones de pesos para 2027 y abrieron la puerta a perdonar multas y recargos fiscales a las grandes empresas del país.
La decisión exhibe una contradicción en la política financiera del gobierno de Claudia Sheinbaum: mientras la administración federal necesita contratar más deuda para sostener el gasto público, la mayoría oficialista decidió ampliar los beneficios fiscales a grandes contribuyentes, mediante un acuerdo de la Presidenta con representantes del sector empresarial.
Después de más de 12 horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, con 340 votos a favor y 109 en contra, y remitió el dictamen al Senado de la República.
La mayoría estuvo integrada por Morena y sus aliados, además de los legisladores de Movimiento Ciudadano de Nuevo León, Eduardo Gaona y Miguel Ángel Sánchez Rivera, quienes respaldaron la propuesta.
El paquete contempla ingresos por 10 billones 636 mil millones de pesos, de los cuales aproximadamente 9.16 billones corresponden a ingresos presupuestarios, y autoriza al Ejecutivo federal a contratar endeudamiento interno neto hasta por 1.7 billones de pesos.
La autorización también contempla financiamiento externo de hasta 13 mil 500 millones de dólares.
El incremento ocurre después de que, entre diciembre de 2024 y agosto de 2026, el saldo de la deuda pública aumentó aproximadamente 2.7 billones de pesos. De utilizarse los nuevos márgenes de endeudamiento autorizados, la administración de Sheinbaum acumularía uno de los mayores incrementos de deuda registrados durante los primeros tres años de un gobierno federal.
Sin embargo, debe distinguirse entre el techo de financiamiento autorizado y el endeudamiento efectivamente contratado, porque ambos conceptos no representan necesariamente la misma cantidad.
México se endeuda para pagar intereses de su propia deuda
Uno de los principales cuestionamientos de la oposición fue el crecimiento del costo financiero de la deuda, que absorbe una proporción cada vez mayor de los recursos federales y reduce el margen presupuestario para financiar otras necesidades del país.
El diputado del PRI, Jericó Abramo, advirtió que México está entrando en una dinámica en la que necesita solicitar nuevos créditos mientras aumenta el dinero destinado al pago de obligaciones financieras anteriores.
Durante su intervención, acompañado de letreros con la leyenda “Solución al IMSS”, recordó que en 2018 el costo financiero de la deuda fue de 615 mil millones de pesos; para 2023 aumentó a 1.079 billones, en 2024 alcanzó 1.15 billones y para 2027 se proyecta en alrededor de 1.67 billones de pesos.
Esto significa que, en nueve años, el costo anual de intereses y otros compromisos financieros se habría incrementado aproximadamente 172 por ciento.
“¡Fuera máscaras! 1.7 billones de techo de deuda viene planteado en este paquete de ingresos para pagar 1.67 billones de pesos de la tarjeta de crédito. Estamos pidiéndole prestado al banco para pagarle los intereses a la tarjeta de crédito. Estamos pidiendo prestado para pagar la despensa”, advirtió Jericó Abramo.
Aunque la comparación permite ilustrar la presión sobre las finanzas públicas, no significa que todo el nuevo financiamiento se destine exclusivamente al pago de intereses. El endeudamiento también cubre otras necesidades presupuestarias y operaciones financieras.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Gloria Núñez, sostuvo que la deuda pública podría alcanzar 55 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), frente a aproximadamente 44 por ciento en 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia.
La legisladora acusó que los gobiernos de Morena han incrementado el endeudamiento a un ritmo aproximado de 2 mil 665 millones de pesos diarios, lo que, de acuerdo con sus cálculos, representa una carga equivalente a 142 mil pesos por habitante.
También advirtió sobre el riesgo de que un deterioro persistente de las finanzas públicas afecte la calificación crediticia soberana de México, con consecuencias sobre el costo futuro del financiamiento.
Por su parte, la diputada del PAN, Eva María Vázquez, cuestionó que el aumento de la deuda no se haya traducido en una mejora proporcional de la infraestructura, los servicios de salud, la competitividad o la capacidad de respuesta ante desastres naturales.
Señaló que los recursos destinados al costo financiero podrían atender necesidades urgentes del IMSS y apoyar a las familias afectadas por huracanes e inundaciones, especialmente en Ensenada y Tijuana, en Baja California, donde hizo referencia a los efectos de la tormenta tropical Rachel.
“Eso es lo que necesitamos saber, porque la deuda debe convertirse en infraestructura y bienestar, no en una deuda más grande que los mexicanos tengamos que pagar”, sostuvo la legisladora.
Sheinbaum acuerda beneficios fiscales con los grandes empresarios
La segunda controversia surgió cuando Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, presentó la única reserva aprobada durante la discusión de la Ley de Ingresos.
La modificación al artículo Vigésimo Primero Transitorio elimina el límite de 300 millones de pesos que restringía el acceso al programa de regularización fiscal, permitiendo que también participen los grandes contribuyentes.
El cambio fue resultado de un acuerdo político anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su encuentro con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de José Medina Mora Icaza, celebrado el 13 de octubre, con motivo del aniversario del organismo.
La reforma contempla una reducción del 100 por ciento de multas, recargos y gastos de ejecución relacionados con determinados créditos fiscales correspondientes a 2025 y ejercicios anteriores, cuya administración y recaudación corresponda al Servicio de Administración Tributaria (SAT) o a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Los beneficiarios podrán ser personas físicas y morales que cumplan los requisitos del programa, incluidos grandes contribuyentes que anteriormente quedaban fuera por superar el límite establecido.
La reserva incorpora adeudos vinculados con contribuciones federales omitidas, impuestos retenidos o trasladados, aprovechamientos, multas por incumplimiento de obligaciones fiscales y cuotas compensatorias, bajo las condiciones que establezca el régimen de regularización.
Sin embargo, existe una diferencia jurídica fundamental: el beneficio no elimina el impuesto principal adeudado, que deberá pagarse para acceder a la reducción de los conceptos accesorios.
Monreal defendió la medida al señalar que no constituye una condonación de impuestos, sino un mecanismo para facilitar la recuperación de adeudos y fortalecer la recaudación.
“Es un debate interesante, pero el impuesto principal no se elimina, no se condona, no se exceptúa, sino que el estímulo como está actualmente, sólo que hasta 300 millones, se prevé sólo en los accesorios, no en la suerte principal, que es el impuesto. El impuesto tiene que pagarse completo, es más, no habrá estímulos fiscales si no hay pago de impuestos”, explicó.
El coordinador morenista sostuvo que más de 16 mil grandes contribuyentes, que aportan al erario aproximadamente 2 billones de pesos, podrían quedar comprendidos dentro del nuevo esquema.
La oposición denuncia privilegios e inconstitucionalidad
El diputado del PAN, Federico Döring, denunció que la reforma beneficia a los grandes deudores fiscales, a quienes identificó como los “machuchones”, mientras el gobierno continúa justificando su endeudamiento por la necesidad de mayores recursos públicos.
También cuestionó que el programa abarque créditos fiscales administrados por la Agencia Nacional de Aduanas de México, particularmente por los antecedentes de investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal, el contrabando de combustibles y presuntas redes de corrupción aduanera.
Döring vinculó políticamente la modificación con los señalamientos contra Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, aunque sus declaraciones no constituyen por sí mismas evidencia de que el hijo del expresidente o personas relacionadas con él sean beneficiarios de la reforma.
El legislador sostuvo que la inclusión de obligaciones aduaneras podría favorecer a operadores investigados por irregularidades fiscales.
“¿Por qué tendría que decir el texto también de adeudos con las agencias aduanales? ¡Ah, caray!. Les decía hace algunos días que mientras el PAN dice que a los agentes aduanales de ‘Andy’ y su huachicol fiscal hay que quitarles la patente, ¿Se acuerdan con qué salieron los narcos del bienestar? No, mi Döring, quitarles la patente no, nada más multitas del bienestar”, cuestionó.
La crítica se produce en un contexto especialmente delicado por las investigaciones sobre evasión fiscal mediante operaciones de importación de hidrocarburos. No obstante, el estímulo tributario no implica cancelar investigaciones penales ni extinguir automáticamente responsabilidades por contrabando, delincuencia organizada o lavado de dinero.
El diputado del PRI, Emilio Suárez, coincidió en que la disposición es jurídicamente cuestionable y acusó a Morena de intentar presentar como estímulo fiscal lo que considera una condonación encubierta.
La controversia tiene como antecedente la reforma al artículo 28 de la Constitución, impulsada durante el gobierno de López Obrador, que prohíbe las condonaciones y exenciones de impuestos en los términos establecidos por las leyes.
El punto central del debate consiste en determinar si eliminar multas y recargos constituye un estímulo legalmente permitido o si el mecanismo rebasa los límites constitucionales.
Esa distinción es relevante porque perdonar accesorios fiscales no equivale jurídicamente a cancelar el impuesto adeudado, aunque ambas medidas pueden representar beneficios económicos importantes para los contribuyentes.
Morena presume recaudación mientras crece la deuda
En defensa del paquete económico, la diputada de Morena, Ana Elizabeth Ayala, sostuvo que aproximadamente seis de cada diez pesos del gasto público proyectado para 2027 tendrán como origen la recaudación tributaria.
Precisó que, de los 10 billones 636 mil millones de pesos de ingresos estimados, alrededor de 6 billones 263 mil millones provendrán de impuestos.
“Estas cifras muestran la importancia que tiene el sistema tributario para financiar las responsabilidades del Estado y, sobre todo, la necesidad de fortalecer la recaudación mediante una mayor eficiencia administrativa y el combate a la evasión fiscal”, afirmó.
Sin embargo, la discusión presupuestaria deja dos interrogantes fundamentales: ¿cuánto dinero adicional podrá recuperar Hacienda mediante la regularización de los grandes contribuyentes y cuánto dejará de cobrar por las multas y recargos eliminados?
Sin una estimación pública detallada de ambos conceptos, no es posible determinar si el estímulo producirá una ganancia neta para el erario o cuánto representará el beneficio económico concedido a las empresas.
La contradicción política es evidente: el gobierno federal exige disciplina recaudatoria, incrementa su endeudamiento y, al mismo tiempo, negocia facilidades fiscales con los grandes empresarios.
Es una decisión que podría facilitar el cobro de créditos fiscales pendientes, pero también plantea cuestionamientos sobre la equidad tributaria y el trato diferenciado a contribuyentes con distinta capacidad económica.
