Una nueva denuncia de un empresario, al que pidieron 3 millones 250 mil pesos para concluir sus obras, destapó una red de protección para empresas constructoras operada por funcionarios de la alcaldía Benito Juárez en la administración de Christian Von Roherich, detenido y bajo proceso.
El desarrollador inmobiliario se acogió al criterio de oportunidad, informó la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. A raíz de la declaración del desarrollador, se giró una orden de aprehensión contra César “N”, encargado de la ventanilla única.
La red de protección del es similar a la de los ex directores de Jurídico y Gobierno Luis Vizcaíno, sentenciado y vinculado a proceso, y de Desarrollo y Planeación, Víctor Manuel Mendoza, prófugo de la justicia.
La Fiscalía inició investigaciones a cercanos a Christian Von como la diputada Daniela Álvarez Camacho, quien tomó la tribuna del Congreso CDMX con un grupo de legisladores con playeras con la leyenda “#ChristianVon No estás solo”, en defensa del ex delegado y coordinador parlamentario del PAN, como estrategia de victimización para evitar actos legales en su contra.
También se investiga a Alfonso N, ex director de Planeación y Desarrollo, y a Alejandro N, ex coordinador de ventanilla única, quienes informaban el monto a pagar por la protección y firmaban los recibos que entregaban a los constructores, respectivamente.
La Fiscalía capitalina señaló que este modus operandi se identificó desde 2015 y ha sido recurrente en al menos tres administraciones.
Se trata, explicó, de solicitar apoyos económicos y en especie a modo de protección para que los desarrollos inmobiliarios evitaran contratiempos, sanciones y multas, aunque también, en este caso, se le solicitaron 200 mil pesos para la campaña de Christian Von Roehrich quien se encuentra preso.
La suspensión de una obra en la calle Pitágoras, colonia Narvarte, narró el empresario, lo llevó a visitar a Vizcaíno, quien le solicitó una gratificación de 150 mil pesos.
En 2015 acudió a él debido a una sanción económica por una obra en la calle Patricio Sanz, colonia Del Valle, pero como estaba por concluirse, fueron 250 mil pesos.
Vizcaíno, dijo, lo buscó a finales de 2016 para platicar sobre su intención como empresario de la construcción a fin de asociarse, por lo que recibió un contrato de él para edificar un inmueble en la calle Cordobanes, colonia San José Insurgentes, con un piso adicional a los autorizados.
La protección de una obra en Holbein, colonia Ciudad de los Deportes, le significó 1.8 millones de pesos, mientras otra en José María Rico, colonia Actipan, 850 mil.
Víctor Manuel Mendoza, hermano del legislador federal panista Luis Mendoza, acusó, era quien explicaba a los constructores que no había de otra, que todos tenían que entrarle a esta situación, viniese recomendado o no, estuviese bien la obra o no.
La tarifa, sin embargo, variaba si había pisos adicionales o se hacían cosas ajenas a la normativa, pues, de lo contrario, sería la obra sujeta a total terrorismo en cuanto a visitas de verificación y procesos de protección civil, que derivaría en retrasos y mermas económicas importantes para el proyecto, denunció.
