Ante la imposibilidad de eliminar o de bajar al mínimo las subcontrataciones, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador perdió la batalla y su gobierno lo hace actualmente en uno de cada tres contratos.
En abril del 2021 entró en vigor la reforma a la Ley del Trabajo donde se prohíbe y limita al mínimo el outsourcing. Luisa María Alcalde Luján era la Secretaria del Trabajo, y a partir de junio del 2023, Marath Bolaños tomó el relevo.
En el 2023 se registraron 154 mil 987 contratos en la administración pública federal por un monto que superó los 305 mil 129 millones de pesos; 54 mil 802 contratos fueron para servicios con empresas externas por un monto que supera los 139 mil 323 millones, según una documentada investigación de Antonio López Cruz del periódico El Universal.
En lo que va de 2024 ya se firmaron 2 mil 547 contratos con el gobierno por más de 29 mil 719 millones de pesos; 73% de ellos han sido de servicios, siendo mil 867 por más de 25 mil 379 millones, en los que destacan servicios de limpieza, de seguridad privada, de mantenimiento, de supervisión de obras, de autotransporte, entre otros.
El decreto que reformó la Ley del Trabajo en materia de subcontratación laboral, establece en su artículo 13 que sí está permitida la subcontratación de servicios o de ejecución de obras especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de la ley.
Pese a ello, el presidente López Obrador ha recomendado a las dependencias federales no hacerlo, pues considera que el outsourcing es ilegal e “inmoral”.
“Aquí [en el outsourcing] despiden para volver a contratar. Entonces, esto es ilegal y es inmoral. Por eso ya no vamos a permitirlo”, declaró en noviembre de 2020.
Entre los contratos otorgados en 2023 destaca uno que firmó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para el Servicio Integral de Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia, que ante la falta de capacidad de la dependencia pagó 2 mil 318 millones de pesos a la empresa Vitalmex Internacional, S.A. de C.V., para realizar dicha labor del 1 de mayo al 21 de diciembre de 2023.
La misma dependencia contrató a la empresa INFRA, S.A. de C.V., para el servicio de oxígeno domiciliario del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2023, por el cual pagó 678 millones 406 mil pesos.
Ante la falta de vehículos propios, el Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), retorna a migrantes en autobuses de empresas privadas, en 2023 pagó 422 millones 413 mil pesos a Turistar de Lujo, S.A. de C.V. para el servicio de transportación vía terrestre para personas migrantes extranjeras, connacionales en condición de retorno, así como para servidores públicos durante el periodo del 24 de febrero al 31 de diciembre de ese año.
La lista es enorme, más de 57 mil contratos de servicios se hicieron el último año, en el Instituto Mexicano del Seguro Social los trabajos de limpieza también están subcontratados. Destaca un convenio por 618 millones 590 mil pesos con Drog-Ba Compañía, S.A. de C.V., la cual brindará el servicio integral de limpieza en los hospitales y unidades médicas del IMSS-Bienestar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.
Nota completa en El Universal: Uno de cada tres contratos de gobierno, por outsourcing
