Grupos criminales en México han experimentado un auge en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador bajo la máxima de “Abrazos no balazos”, extendiendo su control más allá del narcotráfico para abarcar la extorsión y, sorprendentemente, los contratos públicos, según una investigación publicada recientemente por ep periódico de Estados Unidos, The Wall Street Journal (WSJ).
El reportaje detalla cómo los cárteles afiliados a los dos grupos más prominentes en México, el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco, han ampliado su influencia desde que López Obrador asumió la presidencia. Este aumento se ve reflejado en una disminución significativa de los arrestos realizados por la Guardia Nacional de México a cargo del general David Córdova Campos, establecida durante el gobierno actual para sustituir a la Policía Federal. Los arrestos cayeron de 21,700 en 2018 a 2,800 en 2022, según estadísticas nacionales.
La relajación en la aplicación de la ley ha proporcionado a los cárteles una ventana para expandir sus operaciones, centradas principalmente en la producción y transporte de fentanilo y metanfetaminas hacia Estados Unidos, a pesar de los esfuerzos para combatir la epidemia de opioides en ese país.
Con la disminución de las ganancias derivadas de la cocaína y la marihuana, los cárteles han diversificado sus actividades, extendiendo sus redes de extorsión y buscando nuevas fuentes de ingresos. Algunos alcaldes, bajo amenazas de fuerza, han nombrado a miembros de grupos criminales en posiciones clave dentro de las tesorerías locales, otorgándoles control sobre contratos de construcción, adquisiciones y otros servicios públicos, dice el reportaje del WSJ.
Este desplazamiento hacia la participación directa en la gestión pública ha llevado a un aumento significativo en los asesinatos de funcionarios gubernamentales, candidatos y miembros de partidos políticos, pasando de 94 en 2018 a 355 el año pasado, según Sandra Ley, experta en seguridad de México Evalúa.
La expansión del control de los cárteles y sus tácticas cada vez más violentas han obligado a numerosas familias mexicanas a buscar refugio en Estados Unidos. Cerca de 87,000 mexicanos con niños fueron detenidos en la frontera suroeste de Estados Unidos en el año fiscal que concluyó en septiembre, casi cuadruplicando las cifras del año anterior, según informes de la Patrulla Fronteriza.
La situación ha generado un sentimiento de impotencia entre los ciudadanos, como el caso de Araceli Gatica, quien abandonó su pueblo en Guerrero debido a amenazas de un grupo delictivo local. La extorsión ha aumentado desde 2018, y sectores como los productores de aguacate y limón en Michoacán han protestado bloqueando carreteras contra el aumento de extorsiones y robos, que se han triplicado en el último año.
En este escenario, la interpretación de la política de “abrazos, no balazos” por parte de algunos funcionarios locales de Morena, el partido de López Obrador, ha llevado a situaciones donde se brinda espacio a grupos delictivos como una estrategia para mitigar la violencia, incluso financiando campañas electorales y eliminando a opositores. La corrupción y la infiltración del crimen organizado en instancias gubernamentales son elementos que plantean desafíos significativos para la estabilidad y la seguridad en México.
