Las familias mexicanas están padeciendo un clima de violencia, cuyo centro de gravedad es de naturaleza política. Se trata de un problema que se ha instalado en las organizaciones y en las instituciones del país,
por efecto de una política que favorece justamente la consolidación y la proliferación de las organizaciones criminales.

Durímo el primer parrafo de la reflexión de la Iglesia Católica de México en el documento llamado “Observatorio – Ciudadanía Católica y Análisis Social” de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) en el que invitan a los candidatos presidenciales a firmar la “Agenda Nacional por la Paz” que impulsa la CEM, de Monseñor Rogelio Cabrera López.

El documento consigna que: las noticias recientes, particularmente de corte internacional, han estado emitiendo información que involucra a colaboradores y familiares muy cercanos del presidente de República, como receptores de recursos provenientes del crimen organizado.

Muy preocupante es el hecho de que la violencia se está incrementando y diversificando, con el ingrediente específico de que las organizaciones criminales están apoyando a determinados grupos políticos y candidatos, pero lo hacen con la violencia criminal y los recursos sucios.

En este contexto, una perspectiva de esperanza es que las candidatas a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez y el candidato Máynez, firmen la “Agenda Nacional de Paz”, impulsado por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y otros grupos religiosos católica importantes por su compromiso desde la Doctrina Social de la Iglesia.

La violencia en México se percibe como un fenómeno que es más fuerte que nunca antes en la historia reciente del país. La espiral y escalada de la expansión del crimen se advierte como imparable en las múltiples formas o expresiones queha asumido.

En la etapa de precampañas, el asesinato de políticos y candidatos va en aumento constante y es más mediático, pero igualmente proliferan las masacres a la población civil, especialmente de jóvenes estudiantes, trabajadores del transporte o informales, violencia inusitada contra ejidatarios, pequeños comerciantes  informales,  trabajadores de talleres, locatarios de mercados y muchos otros.

Simultáneamente la inacción del gobierno federal solo agrava la situación con el acicate del discurso presidencial pues, además de no hacerse responsable de la situación (“es politiquería…” suele decir el presidente), arremete incesantemente contra todos aquellos que no compaginan con su visión, en tanto que asegura que hay paz social en el país, así como gobernabilidad.

En estas condiciones, el drama nacional actual consiste en el incremento de la violencia generalizada y diversificada en los actuales tiempos electorales.

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