El titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, informó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández de una investigación contra el ex ministro Arturo Zadívar Lelo de Larrea, en su actuación como Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, y a otros sujetos de responsabilidad administrativa en el propio Consejo, por hechos entre el 2019 y el 2022. 

Dice el documento que se advierten conductas en el ex ministro Arturo Zaldívar que pudieran constituir causa de responsabilidad administrativa al vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros.

De igual forma ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones.

Las áreas del Consejo más usadas para presionar a jueces y magistrados fueron la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, entonces a cargo del magistrado Jaime Santana Turral; la quejas existentes o inventando algunas.

A los magistrados, jueces y secretarios en funciones de juzgadores que presionó por conducto de personal bajo su mando fueron el Juez Adrián Fernando Novelo, Magistrado Adrián Rivera, Magistrado Alberto Roldán, Magistrada Angélica Ramírez Trejo, Magistrada Elba Sánchez Pozos, Juez Erik Zabalgoitia, Juez Francisco Migoni, Magistrada Emilia Molina De La Puente, Magistrada Cristina Porras, Juez Jesús Alberto Chávez, Magistrado Jorge Arturo Camero (Q.E.P.D.), Juez José Luis Horta Herrera, Magistrado José Nieves Luna Castro, Magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, Magistrado Julio Humberto Hernández Fonseca

Juez Luis Manuel Fiesco, Magistrado Marco Antonio Bello Sánchez, Magistrada Amparo Hernández Chong Cuy, Jueza María Catalina De La Rosa, Magistrado Patricio Leopoldo Alarcón Vargas, Juez Rodolfo Sánchez Zepeda, Jueza Sandra Leticia Robledo Magaña, Magistrada Taissia Cruz Parcero, Magistrado Juan Carlos Hinojosa Zamora, Magistrada Michelle Franco, Magistrado Alfredo Enrique Báez López, Magistrado José Guadalupe Sánchez González (Q.E.P.D.), 

Juez Felipe V Consuelo Soto, Secretario encargado Moisés Chilchoa Vázquez, Jueza Abigail Ocampo Álvarez, Juez René Ramos Pérez, Juez Arturo García Gil, Jueza Trini Juárez González, Juez César Augusto Sánchez Góngora, Magistrada Amalia Del Carmen Fernández Barquín, Juez César René Ávila Saldaña, Magistrado José David González Molina, Juez Jorge Antonio Salcedo Garduño, Jueza Vianney Rodríguez Hernández, Secretario encargado Eduardo Vázquez Torres, Jueza Karla Montes Ortega

Juez Rodrigo Rosales Salazar, Magistrado Juan Carlos Ramírez Benítez, Magistrado Miguel Ángel Aguilar López (Q.E.P.D.), Magistrado Ismael Hernández Flores, Jueza Ruby Celia Castellanos Barradas, Magistrado Rafael Remes Ojeda, Magistrado Salvador González Baltierra (Q.E.P.D.), Magistrado Froylan Borges Aranda, Juez Miguel Ángel Burguete, Magistrado David Cortés Martínez, Magistrado Guillermo Núñez Loyo, Magistrada Verónica Judith Sánchez Valle, Jueza Luz María Ortega Tlapa, Magistrado Edgar Gaytán Galván, Magistrado Juan Antonio Trejo Espinoza 

Magistrado Antonio Ceja Ochoa, Jueza Concepción Elisa Martin Argumosa, Magistrada Yazmín Eréndira Ruiz, Juez Rodrigo de la Peza López Figueroa, Magistrado Aníbal Lafragua Contreras, Juez Alejandro Dzib Sotelo, Magistrado Luis Vega Ramírez, Magistrado Ariel Rojas Caballero, Magistrado Fernando Córdova del Valle, Jueza Blanca Lobo Domínguez, Juez Iván Zeferin Hernández, Magistrado Rubén Sánchez Valencia, Juez Artemio Zúñiga, Magistrado Omar Liévanos Ruiz; entre muchos otros.

Quienes voluntariamente decidieron participar en las corruptelas, actuando en la forma que le fuera solicitada, obtenía grandes beneficios, como eran total impunidad en cualquier queja que pudiera existir, asistir a cursos nacionales e internacionales, gozar de licencias, nula revisión de declaraciones patrimoniales, adscripciones a modo, asignación en juzgados estratégicos, ejemplo de ello, se dio en quienes fueran secretarios de estudio y cuenta del ex ministro, que como premio se volvieron jueces y magistrados.

Por otro lado, so pretexto de “políticas anti nepotismo”, “necesidades del servicio” o hasta usando las “acciones afirmativas” en favor de mujeres, acomodaron sus piezas estratégicamente para tener control de los asuntos más importantes, se dieron primeras adscripciones a personas sin experiencia en los circuitos donde se manejaban los asuntos más relevantes y donde está en juego la mayor cantidad de capital político y económico, como en la Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara y Monterrey, quitando jueces y magistrados “incómodos” para poner otros a modo y cumplir sus fines corruptos.

Una de las formas para obtener resoluciones acordes a sus fines era el ofrecimiento o venta de favores políticos, un ejemplo de los beneficiados, es la lista de personas aspirantes para ocupar el cargo de consejero de la judicatura federal, propuesta por el senado en dos mil veintiuno, encabezada por Alejandra Daniela Spitalier Peña, brazo derecho de Zaldívar, en la que se incluyó al magistrado Córdova del Valle y Netzaí Sandoval.

Otra lista fue la de los propuestos para ser magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde el ejecutivo insistió en incluir a Netzaí Sandoval y al juez Artemio Zúñiga.

Obligaron a la ministra Batres a tener a Netzaí Sandoval como coordinadora de ponencia.

En otros casos, modificaban los turnos de los asuntos para que conocieran de ellos los jueces que eran de su confianza.

Usó al Instituto Federal de Defensoría Pública, del cual era titular Netzaí Sandoval Ballesteros, para presionar a defensores y asesores jurídicos para que actuaran en procedimientos jurisdiccionales de la forma más conveniente a sus intereses.

Utilizó al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, cuyo titular es Edgar Manuel Bonilla del Ángel, para apersonarse en asuntos relativos a concursos mercantiles de cuantías importantes y gestionar a través de sus síndicos que los procedimientos siguieran el curso que le convenía.

Nombró Vocales y Síndicos del citado Instituto, sin que estos cumplieran con el perfil de esos puestos, colocándolos y/o designándolos a modo en los concursos mercantiles, de acuerdo a la relevancia y monto del asunto.

Asimismo, las conductas imputadas a Julio Sherer Ibarra, exconsejero del Presidente de la República, que se encuentran estrechamente vinculadas con las atribuidas al ex ministro presidente son:

Confabularse con el ex Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para atentar contra la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales,

Exigía a alguna de las partes (particular o gobierno) trabajar directamente con algún despacho, especialmente “Rivera-Gaxiola y Asociados” o a la Defensoría Pública Federal, donde Netzaí Sandoval Ballesteros facilitaba todo el proceso y se designaba un asesor o defensor a modo.

Acudía a los órganos jurisdiccionales a presionar a los titulares -señala- con anuencia del entonces Ministro Presidente Arturo Zadívar Lelo de Larrea