El exministro Arturo Zaldívar y su cercano colaborador, Carlos Alpízar, fueron señalados por un magistrado federal de intentar interferir en procesos judiciales relacionados con un fraude por más de 2 mil 500 millones de pesos en la extinta Policía Federal.
Este magistrado presentó una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación respaldada por grabaciones telefónicas que evidenciaban presiones ejercidas por el círculo cercano del exministro durante el periodo de 2020 a 2021, mientras se llevaban a cabo las investigaciones sobre el fraude en la Policía Federal. Todo esto ocurrió en un contexto en el que se discutía la llamada Ley Zaldívar, la cual buscaba ampliar el mandato del ex presidente de la Corte, medida que fue avalada y luego declarada inconstitucional por el pleno de la SCJN, publicó Alfredo Maza en el medio Animal Político.
La trama del fraude, según la Fiscalía General de la República (FGR), involucraba a personajes clave como Jesús Orta Martínez, exsecretario general de la Policía Federal, y Frida Martínez Zamora, ex secretaria general de la misma corporación policial y cercana al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Ambos fueron señalados por recibir cheques por miles de millones de pesos entre 2013 y 2014, provenientes de cuentas de la partida “Gastos de Seguridad Pública y Nacional” de la Policía Federal, es decir, dinero del erario público.
A pesar de los intentos de Arturo Zaldívar y Carlos Alpízar de influir en la resolución de diversos amparos relacionados con el caso, este sigue abierto, sin que haya detenidos hasta el momento. Sin embargo, tanto Zaldívar como Alpízar podrían enfrentar investigaciones por faltas administrativas graves ante la SCJN y el CJF.
El caso del fraude multimillonario en la Policía Federal se remonta al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detectó un desvío de recursos por diversas compras irregulares durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. En agosto de 2020, a solicitud de la FGR, se libró una orden de aprehensión contra 19 funcionarios de la Policía Federal por los delitos de peculado, lavado de dinero y crimen organizado.
Entre los implicados se encontraban Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora, quienes fueron señalados por recibir cuantiosas sumas de dinero de manera irregular. Ambos promovieron juicios de amparo contra la orden de aprehensión, y en el caso de Frida Martínez, se documentó presión por parte de Alpízar y otros para obtener una resolución favorable.
El juez encargado del caso, Alberto Roldán Olvera, fue objeto de presiones y amenazas después de negarse a emitir una resolución a modo. Finalmente, fue cambiado de adscripción, lo que él interpretó como un castigo. A pesar de las interferencias, el caso siguió su curso y, en julio de 2021, un nuevo juez concedió el amparo a Frida Martínez, dejando sin efecto la orden de aprehensión en su contra.
Este caso ha generado controversia y cuestionamientos sobre la integridad del Poder Judicial en México, así como sobre la independencia de sus jueces frente a posibles influencias externas.
