La Secretaría de la Defensa Nacional, por medio de la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos, buscó obtener decisiones favorables en asuntos relevantes para la institución militar a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Desde abril, Alpízar ha sido objeto de denuncias ante el CJF por supuestamente presionar y amenazar a jueces y magistrados para que emitan fallos favorables en amparos, sentencias y vinculaciones a procesos en casos de interés para el Gobierno federal, durante la gestión de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como presidente de la Corte.
En al menos dos ocasiones entre junio y diciembre de 2021, la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena envió comunicaciones sin firma ni membrete a la dirección de correo electrónico fershiee096@gmail.com, solicitando la intervención de Carlos Alpízar en asuntos relacionados con el expediente del General Salvador Cienfuegos Zepeda y el Rancho Las Mesas, propiedad incautada en Valle de Bravo a Moisés Mansur Cysneiros, presunto prestanombre del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, publicó el periódico Reforma con información de MCCI.
En un comunicado enviado el 22 de junio de 2021, la Sedena solicitó a Alpízar “su valioso apoyo para obtener una resolución que beneficie los intereses institucionales”. La institución militar buscaba que Rosa González Valdés, Magistrada presidenta del Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, revocara la admisión de una demanda de amparo que buscaba acceder al contenido del expediente del General Cienfuegos, el cual fue difundido por la Fiscalía General de la República (FGR) en una versión pública con secciones censuradas.
La demanda de amparo fue interpuesta por Bryan Carlos LeBarón Jones, miembro de la familia LeBarón, quien argumentó que la FGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Presidencia de la República habían incumplido su deber de garantizar el derecho a la información y la verdad al publicar con secciones censuradas el expediente del caso Cienfuegos.
Después de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió la demanda de amparo el 19 de marzo de 2021, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE argumentaron en un recurso de queja que LeBarón Jones carecía de interés jurídico para acceder al expediente.
Este recurso de queja fue remitido a la ponencia de González Valdés, y la Sedena solicitó la intervención de Alpízar para obtener una resolución favorable. Sin embargo, el 26 de junio de 2021, el Tribunal Colegiado confirmó la admisión de la demanda de amparo de LeBarón Jones.
Según la página del CJF, González Valdés sigue siendo magistrada en el mismo órgano jurisdiccional.
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) también solicitó la intervención de Carlos Alpízar para influir en la negación del amparo solicitado por Moisés Mansur Cysneiros. Este amparo buscaba recuperar el 33% del Rancho Las Mesas, el cual había sido declarado en abandono a favor de la Federación en el marco de la causa penal 97/2016.
El 4 de diciembre de 2021, la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEDENA envió un oficio a Alpízar solicitando su apoyo e intervención para negar la suspensión definitiva y, eventualmente, el amparo solicitado por los quejosos.
Inicialmente, la demanda de amparo de Mansur fue turnada al Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, bajo la jurisdicción de la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña. Sin embargo, la jueza determinó que no tenía competencia para conocer el caso debido a que el inmueble de Mansur no se encontraba dentro de su jurisdicción. Por lo tanto, el caso fue remitido al Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, presidido por el juez Eutimio Ordóñez Gutiérrez.
Según una denuncia anónima que inició una investigación contra tres ex colaboradores de Arturo Zaldívar, se reveló que Ordóñez Gutiérrez y otros jueces habrían participado en reuniones en un rancho propiedad de Carlos Alpízar. En estas reuniones, recibían instrucciones para resolver los casos de acuerdo con los intereses del entonces presidente de la SCJN.
El 23 de junio de 2022, Ordóñez Gutiérrez declaró infundados los argumentos de violación planteados por Mansur y le negó el amparo.
Después de una prolongada batalla legal, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció en mayo de 2023 que había obtenido definitivamente la declaratoria de abandono del rancho. Esto permitió que la SEDENA asumiera el control de la propiedad, que ahora forma parte del Centro de Reproducción Equina de Alto Rendimiento.
