La extorsión a productores de limón y aguacate en Michoacán y la creciente violencia en Guerrero son dos fenómenos que reflejan la profunda crisis de seguridad en estas regiones, afectando no solo a los sectores productivos, sino también a las comunidades locales.

Productores de limón en municipios de Michoacán, como Apatzingán y Buenavista, detuvieron la producción debido a las extorsiones del crimen organizado. De las 30 empacadoras que forman parte del Sistema Producto Limón Mexicano de Apatzingán, la mitad está produciendo, debido al aumento en la extorsión.

En Michoacán, la producción de limón y aguacate es una actividad económica clave, conocida a nivel nacional e internacional. Sin embargo, en los últimos años, productores de estas frutas han sido víctimas de extorsiones por parte de grupos criminales que operan en la región.

Los delincuentes exigen cuotas bajo amenazas de violencia, lo que ha llevado a una atmósfera de terror e incertidumbre entre los productores. Este tipo de extorsión ha afectado gravemente la economía local, provocando una disminución en la producción y, en algunos casos, obligando a los productores a abandonar sus tierras o reducir significativamente su actividad.

Desde agosto de 2023, se reveló que los limoneros de la región pagan al crimen organizado dos pesos por kilo de cítrico producido, como parte de esas extorsiones.

El impacto de estas extorsiones se siente en toda la cadena de producción y comercialización, encareciendo los costos y, en última instancia, afectando al consumidor final. Además, la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades ha generado un sentimiento de abandono y desconfianza en las instituciones.

En un comunicado, la Unión de Productores, Empacadores e Industriales del Limón del Valle de Apatzingán y Buenavista dieron a conocer el paro, debido a las extorsiones y amenazas por parte del crimen organizado.

“Productores de limón de Apatzingán y Buenavista, se les informa que a partir del lunes 12 de agosto queda suspendida toda actividad de corte y recolección de limón ya que seguimos con la problemática del aumento de cuotas y amenazas por parte del crimen organizado.

“Estaremos en paro general hasta que el Gobierno nos dé las garantías de seguridad”, indica el mensaje, distribuido entre el gremio.

Por otro lado, en Guerrero, la violencia sigue siendo un desafío constante. Enfrentamientos entre grupos criminales, ejecuciones y desapariciones son hechos frecuentes que mantienen a la población en un estado de miedo continuo. La lucha por el control de territorios estratégicos para el narcotráfico y otras actividades ilícitas ha desatado una ola de violencia que ha cobrado numerosas vidas y desplazado a miles de personas.

En la Costa Grande de Guerrero, pobladores bloquearon durante 36 horas la carretera Acapulco-Zihuatanejo, en protesta porque la autoridad no hace detenciones de integrantes del crimen organizado.

La manifestación comenzó el lunes, liderada por comisarios de más de 40 localidades en Tecpan, Petatlán y Coyuca de Catalán.

El sábado 10 de agosto, miembros de La Familia Michoacana asesinaron en la comunidad de La Palma, municipio de Petatlán, al hermano del comisario municipal, Alberto Bravo, además de herir con arma de fuego a uno de sus primos y a otras dos personas.

El lunes, hombres armados que viajaban en un automóvil por el centro de Zihuatanejo dispararon y mataron a dos jóvenes, e hirieron a un hombre de 40 años que se encontraba en otro vehículo.

En esta región de la Costa Grande de Guerrero, que limita con la Tierra Caliente, no solo opera La Familia Michoacana, sino también otros grupos del crimen organizado, como la organización de los hermanos Granados, Los Rodríguez y Fuerza Guerrerense, liderada por Oliver Coria, conocido como “El Ruso”.

El caso de Guerrero es emblemático de la fragilidad del Estado de Derecho en algunas partes de México, donde la presencia del gobierno es débil y los grupos criminales imponen su propia ley. Esto ha generado un círculo vicioso de violencia y corrupción que parece no tener fin.

Ambas situaciones evidencian la necesidad urgente de fortalecer las instituciones de seguridad y justicia en México. Sin una intervención efectiva, los productores de limón y aguacate en Michoacán y los habitantes de Guerrero seguirán siendo rehenes de la violencia y el crimen organizado, perpetuando un estado de inseguridad que afecta gravemente el desarrollo económico y social de estas regiones.