Los recursos necesarios para organizar la elección de jueces, magistrados y ministros, así como para cubrir sus liquidaciones, provendrán de la extinción de 11 fideicomisos del Poder Judicial Federal, según lo dispuesto por la Constitución.
El INE dispondrá de alrededor de 17 mil millones de pesos para llevar a cabo esta elección judicial extraordinaria en junio de 2025. Sin embargo, parte de esos fondos deberá destinarse al pago de liquidaciones de los jueces y magistrados federales que pierdan sus cargos.
En 2023, el Gobierno federal intentó utilizar el dinero de estos fideicomisos para la reconstrucción de Acapulco tras el paso del huracán “Otis”, y luego, a principios de 2024, para financiar el recién creado Fondo de Pensiones para el Bienestar. No obstante, la reforma judicial, a través de su artículo décimo transitorio, otorga un plazo de 90 días para la extinción de los fideicomisos no previstos en la ley y ordena que los recursos se concentren en la Tesorería de la Federación.
El decreto establece que los fondos se destinarán a implementar la reforma judicial y a los fines que determine la Secretaría de Hacienda. Además, se utilizarán para cubrir las liquidaciones de jueces y magistrados que decidan no participar en la elección o que, participando, pierdan, otorgándoles tres meses de salario más 20 días por año trabajado, pues todos deberán dejar sus cargos el 31 de agosto de 2025.
Dado que esta disposición es de rango constitucional, tiene prioridad sobre normativas menores que buscaban determinar el destino de estos fondos, los cuales el PJF ha venido acumulando desde finales de los años 90.
En octubre de 2023, el Congreso intentó eliminar los fideicomisos mediante reformas a leyes secundarias, pero dicha acción fue detenida temporalmente por jueces de amparo y por el ministro Javier Láynez en la Suprema Corte. Actualmente, la extinción de los fideicomisos es irreversible. De los 11 fideicomisos, seis corresponden a la Suprema Corte, cuatro al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y uno al Tribunal Electoral del PJF. En junio de 2023, el saldo de estos fideicomisos era de 16 mil 766 millones de pesos, y se espera que supere los 17 mil millones en diciembre, cuando se complete la extinción.
Una de las pérdidas más significativas para el personal judicial será la desaparición de dos fideicomisos de la Suprema Corte destinados a pensiones complementarias para mandos superiores, medios y personal operativo, que al cierre de junio sumaban 4 mil 252 millones de pesos. Además, otro fideicomiso en el CJF, que complementaba las pensiones de jueces y magistrados, acumulaba 5 mil 191 millones de pesos.
Es importante mencionar que los empleados judiciales tienen derecho a pensiones a través del ISSSTE. La reforma también establece que en el presupuesto anual se deberán contemplar fondos para pensiones complementarias, apoyos médicos y otros beneficios, pero esto dependerá de la voluntad de la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados, dominada por Morena.