La detención de José Ascención Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán, Jalisco, acusado de tener vínculos con el crimen organizado y de omitir durante años las actividades delictivas en el Rancho Izaguirre, ha sido presentada por las autoridades federales como una muestra de acción y justicia.
Es difícil pensar que Murguía Santiago no sabía lo que pasaba en el rancho. Como principal funcionario del municipio no hay forma de eximirlo de esa responsabilidad. Pero el contexto y el momento obligan a mirar con desconfianza este aparente avance judicial.
Porque lo que parece ser un acto firme contra la impunidad, podría ser en realidad una estrategia para contener el creciente reclamo social encabezado por madres buscadoras y colectivos ciudadanos que han expuesto una verdad dolorosa y difícil de ocultar.
Desde que se reveló que el Rancho Izaguirre pudo haber sido un centro de reclutamiento, tortura y desaparición forzada utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, los hallazgos han sido espeluznantes: más de 200 pares de zapatos, mochilas, prendas, identificaciones y posibles restos humanos calcinados fueron localizados en el lugar. Estos descubrimientos no fueron producto de investigaciones oficiales, sino de las búsquedas independientes y desesperadas de familias que se niegan a rendirse ante la indiferencia institucional.
Frente a estos hechos, la declaración del Fiscal General Alejandro Gertz Manero resulta desconcertante y, para muchos, ofensiva. Afirmó que no existe una sola prueba que acredite que el rancho haya sido utilizado como sitio de cremación de cuerpos. Según él, ni la temperatura alcanzada en los supuestos hornos ni los restos hallados permiten confirmar incineraciones humanas.
Pero su posición parece más una defensa institucional que una verdad científica. Las propias madres buscadoras, como las del colectivo Guerreros Buscadores, respondieron que el fiscal no contaba con toda la información, y recordaron que la evidencia visible y tangible está ahí: las huellas materiales del horror.
Es difícil no sospechar que la detención del alcalde Murguía Santiago forma parte de una operación política para apaciguar el clamor social. En un sexenio que trata mediáticamente de “humanizar” la justicia y dar voz a las víctimas, los hechos hablan más que los discursos.
El silencio del Estado frente a los más de 100 mil desaparecidos se ha vuelto insostenible. Y ahora, a pocos meses del arranque de Claudia Sheinbaum Pardo, su gobierno cree necesario enviar una señal de firmeza, aunque sea simbólica.
El problema es que no basta con detener a un alcalde para encubrir la verdad ni para devolver la paz a las familias. Tampoco es suficiente con negar lo evidente desde una conferencia de prensa en la Ciudad de México. Lo que exige este caso es una investigación profunda, coordinada con los colectivos de búsqueda, con peritajes independientes y con transparencia total.
Reducir el rancho a un “centro de entrenamiento” del CJNG, como lo ha hecho la FGR, es minimizar su gravedad. Lo encontrado ahí representa un símbolo más del colapso del Estado en vastas regiones del país, donde los grupos criminales no solo controlan territorios, sino también el destino de miles de personas. Y más aún: representa el fracaso de un sistema judicial que solo actúa cuando la presión social lo obliga.
Mientras el gobierno federal busca limpiar la escena con un arresto puntual y negaciones oficiales, los colectivos seguirán buscando con palas y esperanza lo que el Estado se niega a reconocer: que hay cuerpos, que hubo fuego, que hubo crimen… y que hubo complicidad.
La justicia no llegará a Teuchitlán ni a los más de 100 mil desaparecidos, mientras el objetivo principal sea cuidar la imagen del Estado, no a sus víctimas.
hugorenepaez@gmail.com / X: @HugoPaezOficial
NO HUBO CREMACIONES EN TEUCHITLÁN JALISCO dice el Fiscal Gertz Manero
— Literal México (@literalmexico) April 29, 2025
Que el rancho Izaguirre era sólo de reclutamiento
"Las pruebas de tierra indican un calentamiento máximo de 200 grados, se necesitan 800 grados para cremar un cueerpo" @FGRMexico pic.twitter.com/aurgiWr8u0
MÉXICO 3ER. LUGAR MUNDIAL EN CRIMEN ORGANIZADO de 193 países, dice el Banco Mundial
— Literal México (@literalmexico) April 30, 2025
Sólo por debajo de Myanmar y Colombia de Gustavo Petro
México líder de mercados ilícitos en América Latina
"Amplias zonas urbanas y rurales son controladas por el crimen organizado": @WorldBank pic.twitter.com/MjgJAIl5ac