La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer restricciones de visas a funcionarios de países que colaboren con las misiones médicas cubanas ha encendido alertas en México, donde dicha colaboración ha sido promovida desde el inicio del sexenio anterior y reforzada en la actual administración federal.

Aunque la medida fue anunciada en principio para Centroamérica, el mensaje del secretario de Estado, Marco Rubio, fue categórico: Estados Unidos no tolerará que gobiernos apoyen esquemas que considera como formas modernas de trabajo forzoso. Esto coloca a México en una situación delicada, pues desde 2020 ha mantenido acuerdos de cooperación médica con Cuba que implican la contratación de miles de profesionales de la salud, especialmente para regiones marginadas.

Uno de los momentos más controvertidos ocurrió durante la gestión de Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, cuando se firmaron convenios millonarios para incorporar a médicos cubanos durante la pandemia. Posteriormente, ya como presidenta, ha reiterado su respaldo a esta política, defendiendo su carácter humanitario y complementario al sistema nacional de salud. En esa línea también se han expresado el exsubsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y el director del IMSS, Zoé Robledo.

Sin embargo, la contratación de médicos cubanos ha estado marcada por escándalos. Uno de los más sonados fue el llamado “Cubagate”, donde se denunció la presunta contratación irregular de personal sin acreditación profesional válida, lo cual desató una ola de críticas por el uso de recursos públicos y la opacidad de los convenios con el régimen cubano.

El endurecimiento de la postura estadounidense podría significar sanciones diplomáticas adicionales, afectando directamente a funcionarios que hayan promovido o gestionado este tipo de convenios. Aunque la administración mexicana ha defendido la legalidad y la utilidad social del programa, la tensión con Washington amenaza con escalar si se mantiene la colaboración con un esquema que Estados Unidos califica como explotación laboral encubierta.

México, por tanto, se encuentra en una encrucijada diplomática y ética: sostener una política de salud pública diseñada para cubrir carencias estructurales, o ceder ante la presión internacional que considera dicha colaboración como cómplice de prácticas represivas del gobierno cubano. El desenlace podría impactar no solo en la relación bilateral, sino también en el modelo de atención médica que se busca consolidar en el país.