• La austeridad mal entendida provocó el cierre del Museo Nacional de Antropología por falta de custodios.
• Extraña designación de Pedro Alberto Velázquez, personero de Francisco Garduño (INM) como Director de Seguridad. 
• Diego Prieto, herencia de AMLO, ha sido señalado por su silencio ante el ecocidio del Tren Maya y por proteger intereses políticos por encima del mandato institucional del INAH. 
• Fallida la decisión de Claudia Sheinbaum de mantener a Diego Prieto al frente del INAH en conflicto con la Secretaria de Cultura, Claudia Curiel Icaza provocaron respuestas irónicas a la crisis.

Por décadas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) fue un bastión del conocimiento, la conservación del patrimonio y el orgullo cultural de México. Hoy, lamentablemente, se encuentra atrapado en una tormenta de improvisación, opacidad y decisiones políticas que anteponen lealtades ideológicas a la protección del legado histórico de la nación.

El cierre del Museo Nacional de Antropología (MNA), El Castillo de Chapultepec, el Templo Mayor y otros recintos por falta de custodios no es un incidente aislado ni una simple “crisis administrativa”, es la expresión más visible del desmantelamiento institucional que arrastra el sector cultural desde que el gobierno federal impuso una austeridad mal entendida, que asfixia a las instituciones sin modificar sus estructuras ni reforzar sus capacidades operativas.

Es un insulto para el país que, mientras el MNA recibe el Premio Princesa de Asturias de la Concordia por su contribución al entendimiento entre culturas, sus puertas estén cerradas por falta de seguridad mínima. 

Más vergonzoso aún, que la empresa contratada para reemplazar a la Policía Auxiliar no tenga experiencia comprobada en resguardo de patrimonio y apenas logre reunir a 19 o 33 custodios, cuando el museo requiere al menos 55, y en otros tiempos contó con 111.

Este desastre tiene nombres y apellidos: Pedro Alberto Velázquez, el actual director de Seguridad del INAH, fue impuesto con la bendición del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de su salida del Instituto Nacional de Migración bajo acusaciones de acoso sexual y su cercanía con Francisco Garduño (INM). 

Su nombramiento no sólo fue un acto de negligencia, fue una decisión política que privilegia la fidelidad por encima de la idoneidad.

A su vez, el director del INAH, Diego Prieto Hernández, representa el arquetipo del funcionario leal al proyecto de la 4T, dispuesto a callar ante el ecocidio del Tren Maya y a sobrevivir a los sexenios gracias a su mansedumbre frente al poder. Su complicidad en la devastación del patrimonio natural y arqueológico del sureste mexicano, y su silencio ante las condiciones laborales y presupuestales del INAH, lo descalifican como garante de la cultura nacional.

Su administración ya debutó con una crisis que pone en evidencia su desdén burocrático: la secretaria de Cultura, Claudia Curiel Icaza, respondió con sarcasmo cuando fue cuestionada sobre el cierre de los museos: “¡Pues abrirlos!”. Así, con frivolidad, se intenta tapar el abandono institucional.

No hay defensa posible cuando se cierra el museo más importante de América Latina por falta de custodios. No hay justificación para que quienes reciben premios internacionales operen entre goteras, estructuras colapsadas y museografía reciclada. 

Y no hay dignidad institucional cuando el INAH se convierte en botín político de funcionarios que ven en el patrimonio una extensión de la narrativa presidencial.

El problema del INAH no es técnico, es ético y político. Requiere una reestructuración profunda, financiamiento sostenido, personal capacitado y, sobre todo, funcionarios que comprendan que resguardar el pasado es también una forma de proteger el futuro.