La Misión de Observación Electoral advierte falta de garantías para la independencia del Poder Judicial y desaconseja replicar el modelo en América Latina.

La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su Misión de Observación Electoral (MOE), emitió un informe preliminar en el que reprobó el proceso de elección del nuevo Poder Judicial en México, al considerar que no existen garantías suficientes de independencia frente al Poder Ejecutivo.

La Misión, conformada por 16 especialistas de 10 nacionalidades, destacó que seis de los nueve ministros electos para integrar la Suprema Corte fueron postulados por el Comité de Evaluación del Ejecutivo federal, mientras que los tres restantes ya formaban parte del máximo tribunal, tras ser nombrados previamente por el ex presidente. Esta composición levanta “dudas razonables sobre la autonomía e independencia” del nuevo tribunal, advierte el documento.

La observación también señala con preocupación el uso de “acordeones” físicos y virtuales promoviendo candidaturas específicas, lo que habría influido de forma determinante en los resultados. “La Misión observó que las nueve candidaturas con mayor cantidad de votos a la Suprema Corte fueron promovidas mediante estos acordeones”, expone el informe. Además, advierte que si se demuestra que su distribución fue masiva o a través de servidores públicos, podría constituir propaganda indebida y un intento de coacción del voto.

“No hay garantías de que quienes resulten electos/as tengan la solvencia técnica, la idoneidad y las capacidades específicas que los cargos que asumirán requieren. Ello resulta preocupante a la luz de los estándares internacionales y las buenas prácticas en la materia”, indica el documento.

Asimismo, la MOE manifestó su inquietud por la baja participación ciudadana registrada en el proceso, que apenas alcanzó el 13 por ciento del padrón, lo cual, según el informe, debilita aún más la legitimidad de los resultados.

Finalmente, la Misión de la OEA concluyó que este modelo de selección judicial no debería replicarse en otros países de la región, por no cumplir con los criterios de independencia, transparencia y participación informada que deben regir en procesos democráticos de renovación institucional.