Mientras la Secretaría de Gobernación encabeza la conferencia matutina presidencial, dos hechos violentos sacuden a México y ponen en entredicho la seguridad de servidores públicos en distintos niveles.

En Oaxaca, la alcaldesa Lilia García, del municipio de San José Independencia, fue ejecutada a balazos en su oficina del Palacio Municipal. El ataque ocurrió en pleno horario laboral, lo que exhibe una preocupante vulnerabilidad institucional, incluso dentro de espacios gubernamentales.

Horas después, en el Estado de México, el cuerpo del juez federal Everardo Maya Arias fue hallado en una camioneta con un disparo en la cabeza, en la comunidad de Santa Cruz Cuauhtenco, Zinacantepec. Maya se desempeñaba como Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y es recordado por haber otorgado amparos a figuras de alto perfil, entre ellos Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala vinculado al caso Ayotzinapa.

La titular de Gobernación, en su papel como vocera provisional del Ejecutivo, se limitó a decir que “vamos a darle seguimiento”, sin ofrecer detalles sobre los móviles o las líneas de investigación.

Estos asesinatos reavivan las alertas sobre el nivel de violencia que enfrentan tanto autoridades locales como integrantes del Poder Judicial, en un contexto de creciente impunidad y debilitamiento institucional.