La Cuarta Transformación ha dado un paso más en la normalización del caos institucional. Esta vez, desde el corazón del sistema de vivienda social: el Infonavit. El gobierno de Claudia Sheinbaum, en su afán por dar continuidad al modelo clientelar heredado por Andrés Manuel López Obrador, ha instruido, sí, instruido, a no desalojar a los ocupantes irregulares de 145 mil viviendas y, en cambio, ofrecerles una vía para convertirse en propietarios… a precio de remate.

En un país donde millones de trabajadores han sudado cada peso de sus créditos hipotecarios, el nuevo mensaje es devastador: invadir o dejar de pagar también tiene premio.

Así lo confirmó Octavio Romero Oropeza, el incondicional operador tabasqueño y ahora director del Infonavit. En plena mañanera, sin titubeos, dijo: “No los vamos a sacar. Queremos que sean dueños”. Esa frase, revestida de humanismo, esconde en realidad la legalización de una injusticia.

Se trata de una decisión disfrazada de política social, que en los hechos legitima la ocupación ilegal, anula el valor del contrato, castiga al cumplido y glorifica al invasor.

La moral según convenga

En el mundo de la 4T, el contrato y el derecho son herramientas flexibles, adaptables al “pueblo bueno”, aunque sea moroso o “ocupa”. En nombre de una justicia social mal entendida, el gobierno prefiere regularizar la informalidad, en lugar de fortalecer las instituciones.

¿Qué mensaje reciben entonces quienes durante años han pagado sus mensualidades con esfuerzo? ¿Por qué quien ocupó una casa por la vía ilegal o dejó de pagar años atrás podrá acceder ahora a una propiedad a bajo costo, sin consecuencias ni recargos?

Estamos ante una amnistía silenciosa, un perdón selectivo con aroma electoral.

La cifra de la impunidad

Según el propio Romero, hay más de 843 mil viviendas “emproblemadas” y hasta ahora han sido censadas 168 mil. De estas, 145 mil están ocupadas por personas que no pagan, o que nunca debieron estar allí. No son casos aislados: son cientos de miles de viviendas convertidas en botín político.

Este nuevo enfoque equivale a institucionalizar la toma de propiedades. A validar que, si el Estado no las ocupa ni defiende, el ciudadano puede hacerlo por su cuenta… y hasta le va a salir barato.

Un precedente peligroso

Si alguien ocupa un predio federal, un terreno privado o una casa del Infonavit y el gobierno no sólo lo permite sino que le ofrece “una salida legal y barata”, ¿qué impide que ese modelo se replique en otros ámbitos? ¿Qué impide que mañana se tomen escuelas, hospitales, centros de salud o parques públicos con la expectativa de que se “regularizará” la invasión?

Se rompe así el principio básico de legalidad y se sustituye por la lógica del oportunismo político. Se cambia la ley por el voto, el contrato por la narrativa, y la justicia por la dádiva.

Política pública o populismo patrimonial

La medida no es menor: tiene implicaciones económicas, legales y culturales profundas. Económicas, porque el Infonavit deja de recuperar cartera vencida y entrega activos a pérdida. Legales, porque ignora los procesos judiciales de recuperación. Culturales, porque destruye la noción de esfuerzo y mérito en la propiedad.

Y todo esto con un solo fin: ganar respaldo entre los más vulnerables, aunque sea a costa de la certidumbre patrimonial de millones de trabajadores.

Legalizar una invasión es, en el fondo, legalizar la arbitrariedad. Si el Estado no respeta sus propias reglas, ¿por qué habría de hacerlo el ciudadano?

Hoy, la 4T ha tomado partido: no por la ley, no por el trabajador que paga, no por la institucionalidad. Ha tomado partido por el invasor, por el incumplido, por el que se apropia sin pedir permiso.

Y en nombre de la justicia, comete una de las mayores injusticias: premiar la ilegalidad con el patrimonio de todos.