El Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, intensificó ayer la presión sobre el Poder Judicial para resolver a su favor los litigios fiscales que enfrenta Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, por adeudos que ascienden a 74 mil millones de pesos.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria hizo un llamado directo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que emitan resoluciones “a favor del pueblo” antes de concluir su gestión el 1 de septiembre, fecha en que asumirán los nuevos integrantes del máximo tribunal.

“No creo que los ministros que están ahora se vayan a atrever a hacer algo en contra del pueblo”, advirtió Sheinbaum.

Los litigios, según lo presentado por la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, comprenden 32 juicios activos, de los cuales tres se encuentran listos para ser resueltos por el Pleno de la Corte e implican un monto cercano a 26 mil millones de pesos.

Galeano explicó que la estrategia jurídica del consorcio ha sido “alargar los procesos” a través de la interposición sistemática de recursos legales ante diversas instancias, tras omitir el pago de impuestos requeridos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La jefa del Ejecutivo federal sostuvo que las críticas vertidas desde TV Azteca, medio propiedad de Salinas Pliego, contra la reciente reforma judicial y su proceso de elección por voto popular, están relacionadas con la presión que ejerce el gobierno para que cumpla con sus obligaciones fiscales.

“Son impuestos que no se han pagado desde hace 16 años”, señaló Sheinbaum, en referencia a las disputas que datan de sexenios anteriores.

Grupo Salinas responde: acusa acoso y presión política

En respuesta, Grupo Salinas emitió un comunicado en el que denunció un “acoso sistemático” del gobierno federal, al que acusa de utilizar el aparato fiscal como herramienta de presión política.

El conglomerado empresarial calificó los adeudos como “extorsiones disfrazadas” y denunció que el SAT intenta realizar cobros dobles. Según su postura, estos embates buscan compensar los desequilibrios financieros del Estado provocados por los megaproyectos del sexenio anterior, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.

“Nos seguiremos defendiendo ante lo que consideramos extorsiones fiscales y resoluciones ilegales”, afirmó la empresa.

Tensión entre poderes

La controversia ocurre en un contexto marcado por la transición en la Suprema Corte y las tensiones entre el Ejecutivo y diversos actores empresariales. El gobierno ha insistido en que los nuevos ministros deben estrenar su gestión resolviendo casos clave de interés público, como los juicios contra Grupo Salinas.

Mientras tanto, juristas y opositores han advertido que los señalamientos de la Presidencia podrían interpretarse como una injerencia indebida en la autonomía judicial, en momentos en que la independencia del Poder Judicial es un tema central del debate nacional.