La Presidenta Claudia Sheinbaum negó ayer que su Administración busque instaurar un “Estado Espía”, pese a la polémica generada por la reciente aprobación de la Ley de Investigación e Inteligencia que permite la interconexión de bases de datos públicas y privadas con fines de seguridad nacional.

“Una intervención telefónica solamente la puede aprobar un juez por Constitución y por leyes. En ningún momento se está espiando a nadie. Que quede claro eso”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina.

Sin embargo, diversos especialistas advirtieron que la nueva legislación, combinada con la reforma judicial y la inminente llegada de jueces electos por voto popular a partir del 1 de septiembre, representa un riesgo real de abuso de poder y vigilancia sin contrapesos.

Una puerta abierta al espionaje institucional

El Artículo 12, Fracción III de la nueva ley otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la facultad de solicitar a instituciones públicas y privadas la interconexión a sus sistemas de información, incluyendo bases de datos con registros biométricos, fiscales, telefónicos, bancarios y de propiedad.

Para el académico José Antonio Caballero, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, esto configura una arquitectura de vigilancia que carece de mecanismos de control adecuados. “Habrá jueces que harán bien su trabajo y jueces que ni siquiera tengan capacidad para poder hacerlo. En materia de control constitucional vamos a tener importantes dudas”, advirtió.

Jueces sin candados, riesgo de consignas

Expertos en seguridad pública, coincidió en que la combinación de esta ley con la reciente reforma judicial crea un entorno propenso al uso discrecional del poder, sobre todo con la Reforma Judicial y el desaseo de los ‘acordeones’ de Morena que inclinaron la votación a ministros, magistrados y jueces, la gran mayoría comprometidos con el obradorismo.

“La reforma judicial fue muy desaseada. Representa un riesgo en muchas dimensiones y no da garantías a los ciudadanos. De no establecerse candados, podríamos ver materializadas consignas de orden electoral con jueces a modo, lo que vulnera gravemente la seguridad jurídica”, sostuvo.

Organizaciones de la sociedad civil han comenzado a movilizarse para exigir reformas que impidan abusos y se establezcan filtros técnicos y jurídicos en las decisiones de los nuevos juzgadores.

Aunque el Gobierno insiste en que se trata de una plataforma de coordinación para fortalecer la seguridad, voces críticas señalan que, sin mecanismos de fiscalización independientes, esta ley puede convertirse en una herramienta de control político, vigilancia masiva y persecución selectiva