Durante 2023, el Presidente mexicano ignoró deliberadamente las solicitudes formales y directas de Estados Unidos para frenar o al menos explicar las decisiones que golpearon la operación aérea en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Esta posición del gobierno mexicano continuó en la administración de Claudia Sheinbaum en la Presidencia de la República

Los reclamos estadounidenses se centraron en dos medidas: la expulsión de las operaciones de carga hacia el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) y la reducción de slots para vuelos comerciales en el AICM.

Pese a las reuniones diplomáticas —incluida una directa entre funcionarios del DOT y López Obrador— la respuesta mexicana fue el silencio o la negativa, lo que provocó que el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) considerara las acciones como violatorias del acuerdo bilateral de transporte aéreo firmado en 2015.

Este choque no es aislado. Se suma a una cadena de conflictos bilaterales generados por las políticas energéticas, las restricciones agrícolas y ahora el sector aéreo, tensando aún más la relación entre México y su principal socio comercial.

Ante la cerrazón mexicana, la Administración Trump impuso represalias: exigir a aerolíneas mexicanas autorización previa para vuelos chárter y revisar la inmunidad antimonopolio de la alianza Delta-Aeroméxico.

En cuanto a la reducción de slots, las peticiones del DOT para conocer las razones técnicas y las garantías para las aerolíneas estadounidenses fueron desoídas. El resultado es un conflicto que pudo evitarse con voluntad política y respeto a los acuerdos internacionales.

López Obrador ha optado por la soberanía cerrada antes que la diplomacia constructiva, pagando el precio con la confianza y la certidumbre que debería regir la relación aérea y comercial con Estados Unidos.