Culiacán, Sinaloa.– En un hecho inédito, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) autorizó que la Policía Estatal de Sinaloa porte armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y utilice vehículos blindados que hasta ahora eran reservados para el Ejército.

El anuncio fue realizado por el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla, durante un acto en la capital sinaloense, donde se formalizó la entrega del nuevo armamento y equipo táctico. La medida busca reforzar las capacidades de la corporación frente a la ola de violencia que atraviesa la entidad, epicentro del Cártel de Sinaloa, actualmente dividido en sangrientos enfrentamientos entre las facciones de “Los Chapitos” y “La Mayiza”.

Policía con entrenamiento militar

De acuerdo con las autoridades, los agentes que podrán portar este armamento serán reclutados y capacitados por la Guardia Nacional. Se integrará un grupo especial de 150 elementos, quienes deberán superar evaluaciones físicas, médicas, psicológicas, toxicológicas y de confianza. Posteriormente recibirán un adiestramiento intensivo bajo estándares castrenses.

“Se trata de formar una unidad con disciplina y preparación al nivel de las Fuerzas Armadas, que pueda responder con eficacia a los grupos criminales”, explicó Trevilla.

Respuesta a la debilidad institucional

En Sinaloa, la falta de policías estatales es crítica: existen apenas 0.33 agentes por cada mil habitantes, muy por debajo del promedio internacional recomendado. Esta carencia ha obligado al despliegue masivo de militares y Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, lo que ha derivado en una creciente militarización de la vida civil.

La nueva medida pretende cerrar esa brecha, aunque especialistas advierten que, en la práctica, significa trasladar al ámbito policiaco facultades propias del Ejército.

Beneficios y riesgos

Para el Gobierno estatal, contar con policías estatales mejor armados y equipados representa una ventaja operativa en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, organizaciones civiles y analistas en seguridad han advertido sobre los riesgos de abusos de poder, así como de la falta de mecanismos claros de supervisión y rendición de cuentas.

“El acceso a armas de alto poder en manos de policías sin un marco de control civil sólido puede derivar en excesos y violaciones de derechos humanos”, alertó un investigador del Colegio de Sinaloa.

Militarización en expansión

La decisión en Sinaloa se enmarca en la política nacional de seguridad impulsada desde el sexenio pasado, donde las Fuerzas Armadas han asumido un papel cada vez mayor en funciones policiales. El precedente abre la puerta para que otras entidades, también golpeadas por la violencia, reclamen el mismo respaldo.

Mientras tanto, Sinaloa se convierte en el primer estado del país donde policías estatales portarán armas de uso exclusivo del Ejército, un paso que refleja tanto la gravedad del poder del crimen organizado como la fragilidad de las instituciones civiles frente al reto de la violencia