Gerardo Fernández Noroña lanzó una nueva ofensiva verbal tras su enfrentamiento a golpes con el priista Alejandro “Alito” Moreno. Para el senador morenista, la cobertura mediática de ese episodio no solo lo caricaturizó, sino que demuestra la necesidad de frenar a los medios de comunicación, según él, a los que acusa de manipular y magnificar cualquier acción que lo involucre.

No se trata de un arrebato aislado. El discurso del senador se alinea con una estrategia más amplia en la que la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres, busca abrir camino a una legislación de “derecho de réplica” que, en los hechos, funcionaría como un mecanismo de censura. La lógica es clara: bajo el pretexto de garantizar réplica, se crearía una puerta legal para que cualquier señalamiento crítico a figuras del régimen termine en sanciones o restricciones a los medios.

En consonancia con la insistente campaña desde la conferencia de Palacio Nacional contra los medios de comunicación, este proyecto legislativo cuenta con la empatía de Presidencia de la República: día a día, Claudia Shainbaum convierte las mañaneras en un Ministerio de Propaganda contra el contenido de medios que le es incómodo al régimen, sin embargo, la estrategia de la narrativa está diseñada para transmitir exactamente lo contrario: que los medios tienen libertad absoluta.

La ofensiva conjunta se perfila desde dos frentes de poder: el Congreso y la nueva Suprema Corte, ambas instituciones que a partir del 1 de septiembre se alinean más directamente con la narrativa oficialista. En ese marco, la propuesta de Batres no es menor: convertir el derecho de réplica, que en teoría protege al ciudadano frente a difamaciones, en un arma política para someter a la prensa.

El mensaje implícito es contundente: los medios no deben ser contrapeso, sino un engranaje más de la maquinaria de la 4T. Y quienes resistan, enfrentarán tanto la presión política de legisladores como la validación jurídica desde la Corte.

En este contexto, la Corte se perfila más alineada al oficialismo que en décadas pasadas. Si la propuesta de Batres prospera, el derecho de réplica dejaría de ser un instrumento ciudadano y se transformaría en un mecanismo de disciplinamiento contra periodistas y medios críticos.

El régimen cuenta con varias llaves constitucionales que podrían usarse para legitimar esta embestida:

• Artículo 6º: Reconoce el derecho a la información y el acceso a la misma. También establece que la manifestación de ideas no será objeto de inquisición judicial ni administrativa, salvo en casos de ataque a la moral, la vida privada o derechos de terceros. Una reforma aquí podría ampliar esas “excepciones” y dar pie a un régimen más amplio de censura.
• Artículo 7º: Garantiza la libertad de difundir opiniones, información e ideas, pero prohíbe ataques a la moral, la vida privada y la paz pública. El riesgo está en que la 4T busque reinterpretar qué constituye “ataque a la paz pública” o “difamación” para acotar la crítica.
• Artículo 14 y 16: Garantizan el debido proceso y la seguridad jurídica. Si se manipulan, podrían permitir procesos expeditos contra periodistas bajo el argumento de “protección inmediata de derechos de terceros”.
• Artículo 41: Regula la propaganda político-electoral y el acceso a medios en tiempos de campañas. Una modificación podría restringir a los medios privados bajo el argumento de “equidad” o “control de la desinformación”.
• Artículo 134: Establece normas de propaganda gubernamental. Aquí se podría añadir un candado que obligue a los medios a difundir respuestas oficiales en condiciones que, en la práctica, serían imposiciones disfrazadas de derecho de réplica.

La 4T tiene a la mano una serie de artículos cuya reforma o reinterpretación le permitiría imponer un modelo de prensa subordinada. Lo grave es que no necesariamente requerirían cambios drásticos: bastaría reinterpretar los límites actuales para ampliar la noción de lo que se considera difamación, “ataque a la moral” o “noticia falsa”. En la práctica, cualquier nota periodística o reportaje que afecte a un político podría derivar en litigios, costos judiciales y amenazas a la viabilidad económica de los medios.

El riesgo democrático

El verdadero peligro no está en que un senador haga berrinches mediáticos, sino en que una ministra del máximo tribunal del país impulse una iniciativa que erosiona derechos fundamentales. Si el Congreso y la Corte se convierten en instrumentos de censura, México retrocedería décadas en materia de libertades democráticas.

La embestida contra los medios no es solo un asunto gremial; es un golpe directo al sistema de contrapesos. Sin prensa libre, la corrupción, la opacidad y el abuso de poder avanzan sin resistencia. En un país con altos índices de violencia contra periodistas, sumar un frente institucional de acoso judicial sería devastador.