En los últimos 4 años, una red de empresas fachada, funcionarios corruptos, operadores del crimen organizado y altos mandos navales convirtió el litoral mexicano en un gigantesco corredor de contrabando de combustibles.
Los expedientes judiciales y de vinculación a proceso obtenidos por la Fiscalía General de la República (FGR) revelan que, entre 2021 y 2025, al menos 555 empresas —entre importadoras, gasolineras, transportistas y factureras— participaron en el ingreso ilegal de gasolina y diésel a través de ocho puertos estratégicos: Altamira, Veracruz, Ensenada, Lázaro Cárdenas, Guaymas, La Paz, Cancún y Mazatlán, de acuerdo en documentos en manos de El Universal.
El hallazgo más explosivo: en el centro del esquema figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, hoy preso en el penal de El Altiplano acusado de delincuencia organizada.
Cómo operaba el contrabando
El análisis del Centro Federal de Inteligencia Criminal describe una maquinaria aceitada para hacer pasar combustible robado como si fuera legal.
El primer modus operandi consistía en comprar grandes cargamentos de gasolina y diésel en Estados Unidos y simular su importación a México utilizando pedimentos clonados o cancelados. Con esa documentación falsa, las empresas aparentaban legalidad, evadían impuestos y colocaban el producto en el mercado nacional a precios más bajos que los oficiales, desplazando a competidores legales.
El segundo modus era aún más riesgoso: embarcaciones completas arribaban al puerto de Veracruz, descargaban parcialmente sin presentar papeles que acreditaran el origen lícito del combustible, regresaban a mar abierto con el remanente y volvían a ingresar con nueva documentación falsificada, hasta vaciar toda la carga.
Cuando la vigilancia lo impedía, desviaban los barcos a Lázaro Cárdenas, donde no existen ductos para ese tipo de maniobras, una práctica que encendió alertas internas.
Documentos clonados, permisos apócrifos y facturación falsa
El expediente detalla que las empresas implicadas operaban sin permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para el transporte o importación de petrolíferos.
Muchas usaban facturas con fechas que no coincidían con los pedimentos, alteraban sus dispensarios electrónicos de venta para ocultar volúmenes reales y vendían combustible contaminado o adulterado.
Otras fueron suspendidas de los padrones de importadores y exportadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Secretaría de Energía (Sener) por incumplir requisitos básicos.
Incluso se documentó el uso de documentos sin número ni fecha de pedimento, sin comprobantes de contribuciones pagadas, o timbrados cancelados al llegar a su destino, para borrar el rastro de cada operación.
Empresas fachada y operadores identificados
El documento de la FGR, fechado el 11 de junio de 2025, enumera a 555 empresas, de las cuales 108 son señaladas por irregularidades graves.
Entre ellas figuran:
- Altos Energéticos Mexicanos
- Grupo Base Energéticos
- Grupo Potesta
- Era Tech Combustibles
- Transportadora del Pacífico y del Golfo de México
- Trafigura
- Valero Marketing and Supply de México
También se enlistan gasolineras como Gasolinas Fari de Sinaloa, Grupo Gasolinero Samara, Petrosina, Servicio Express La Costerita, Servicio Express de Bachigualato, así como transportistas como Autotransportes de Carga Especializados Marvic, Camper Servicios Logísticos y Marvic Petroleum.
El expediente incluye también a presuntos operadores y prestanombres como Juan Manuel Muñoz Luévano alias El Mono Muñoz, Karina Melissa Guerrero Rodríguez, Leonel Guadalupe Jiménez Pérez, Miguel A. Lazalde y Gerardo Garza Melo.
El operador visible
La pieza central de este rompecabezas es el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.
La FGR obtuvo registros de 13,273 comunicaciones realizadas entre el 22 de julio de 2023 y el 7 de junio de 2025 desde coordenadas cercanas a las aduanas de Ensenada, Guaymas, Manzanillo y Veracruz.
La investigación técnica 692/2025-I permitió además vincular 101 números telefónicos asociados a las empresas implicadas, revelando su presencia constante en las inmediaciones de los puertos donde se presume se realizaba la introducción ilegal de hidrocarburos.
Una red que corrompió aduanas y autoridades
El informe de la FGR advierte que la red no podía operar sin complicidad institucional:
«Ya se ha identificado que en este proceso se realiza la falsificación o alteración de diversa documentación, lo cual involucra a diversas autoridades y organizaciones criminales en cada uno de estos puertos», señala el documento.
La magnitud de la operación —con descargas marítimas simuladas, rutas terrestres sin permisos, facturas falsas, combustible adulterado y empresas fantasma— convirtió al país en un mercado paralelo de combustibles ilegales que erosionó la recaudación fiscal y desplazó a competidores legales.
Investigación en curso
La FGR mantiene abiertas varias carpetas de investigación. Hasta ahora hay 13 órdenes de aprehensión giradas y diversos procesos penales en marcha, incluido el del vicealmirante Farías Laguna.
La fiscalía sostiene que el caso expone el grado de infiltración criminal en las aduanas y puertos del país, y que el uso sistemático de documentación apócrifa permitió a esta red lucrar durante años con el tráfico de hidrocarburos, bajo la apariencia de operaciones legales.
