Pese a la oposición de PAN, PRI y MC, el bloque oficialista consumó una reforma considerada regresiva y lesiva para los derechos ciudadanos. Los senadores Clemente Castañeda y Alejandra Barrales calificaron la medida como una “ley del desamparo”, por dejar en indefensión a quienes impugnen decisiones del Gobierno Federal.
La senadora priista Claudia Anaya advirtió que México, país creador del juicio de amparo, ahora da pasos atrás en la protección de derechos humanos. Guadalupe Murguía (PAN) denunció que la reforma fue aprobada con “prisas e improvisaciones”.

La modificación impide otorgar suspensiones provisionales o definitivas contra actos de autoridad en casos relacionados con: Revocación de permisos o concesiones en electricidad, hidrocarburos, minería, transporte y medicamentos.

Actividades relacionadas con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y deuda pública.
Aunque se mantiene la figura del “interés legítimo”, éste se redefine para exigir una lesión “real y diferenciada” y un beneficio “cierto, no hipotético”, dificultando amparos colectivos basados en daños potenciales.
Ejemplo: si el Gobierno se niega a comprar vacunas, sería casi imposible probar el perjuicio a los niños afectados antes de que ocurra.

Disputa en el Senado

Durante el debate, el senador morenista Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, propuso eliminar un transitorio que daba carácter retroactivo a la reforma, lo que generó tensiones con Adán Augusto López e Ignacio Mier, líderes de Morena en el Senado.
El texto final establece que los casos en trámite seguirán con las nuevas reglas, una cláusula que puede afectar miles de amparos vigentes.

Análisis: el debilitamiento del escudo ciudadano

El juicio de amparo ha sido el principal instrumento de defensa frente a abusos de autoridad en México. Al restringir su alcance en sectores estratégicos, el Estado elimina una de las pocas vías de control judicial sobre sus actos.
Esta reforma refuerza el poder discrecional del Ejecutivo y reduce la capacidad de reacción ciudadana y empresarial ante decisiones arbitrarias, especialmente en sectores donde el gobierno ha asumido posturas nacionalistas o monopólicas.
Expertos como el exmagistrado Juan Pablo Gómez Fierro advierten que esta reforma erosiona el equilibrio entre poderes y debilita el Estado de Derecho, justo cuando México atraviesa tensiones por concentración de poder.