El líder agrícola Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), fue asesinado el pasado fin de semana en la región de Tierra Caliente, luego de encabezar protestas contra los llamados “coyotes” del crimen organizado que manipulan los precios del limón.

Su cuerpo fue hallado al interior de su camioneta gris, en el camino Apatzingán–Tepetates, con el torso desnudo, huellas de tortura y un disparo en la cabeza. Tres días antes había lanzado una advertencia pública: “El lunes no vamos a permitir el acceso a ningún corredor o coyote que esté poniendo precios por la fruta que no es de él”.

El dirigente agrícola denunció en diversas ocasiones las extorsiones, amenazas y omisiones gubernamentales que enfrentan los productores de limón en Michoacán, uno de los principales polos citrícolas del país. En videos difundidos en redes sociales, Bravo Manríquez pidió a los campesinos mantener la unidad y no desistir de las protestas para lograr precios justos y apoyo financiero.

“Le pedimos de manera enérgica, firme, pero también respetuosa a la Presidenta (Claudia Sheinbaum) que escuche que el campo está quebrado y en crisis. ¿Qué necesitamos? Dinero para poder seguir trabajando adelante”, expresó el pasado 14 de octubre.

En los días previos a su muerte, lideró movilizaciones desde el Tianguis Limonero hasta el centro de Apatzingán, y propuso cortar el limón únicamente los lunes, miércoles y viernes, como una forma de regular la oferta y proteger la mano de obra local.

La violencia en la zona no es nueva. En el Valle de Apatzingán operan células de Los Viagras, los Blancos de Troya y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que controlan rutas, extorsionan a empacadores y cobran cuotas a productores. Pese a ello, la respuesta oficial ha sido limitada: apenas en febrero, el Gobierno estatal inauguró un cuartel militar con inversión de 13 millones de pesos, sin que ello redujera la inseguridad ni los cobros de piso.

El asesinato de Bernardo Bravo Manríquez refleja el desamparo del campo michoacano, donde los agricultores enfrentan una doble presión: la del crimen y la del abandono institucional. Su muerte se suma a la lista de líderes sociales asesinados por alzar la voz en defensa del trabajo y la dignidad rural.