En México, alzar la voz contra la extorsión equivale a firmar una sentencia de muerte. En los últimos 18 meses, al menos 13 líderes de productores, comerciantes y prestadores de servicios fueron asesinados después de denunciar públicamente el “cobro de piso” y exigir a las autoridades protección frente al crimen organizado.
Las víctimas provenían de regiones agrícolas, pesqueras y comerciales donde las mafias se han incrustado en la economía cotidiana. Algunos cayeron horas o días después de denunciar. Otros, luego de insistir una y otra vez en que la extorsión estaba destruyendo su trabajo y el de miles de familias.
DEL LIMÓN AL MAR: VOCES SILENCIADAS
El caso más reciente es el de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, en Michoacán. Tres días antes de ser hallado torturado y con un disparo en la cabeza, advirtió que no permitiría que los coyotes y grupos criminales controlaran el tianguis limonero.
Meses atrás, en Baja California, Minerva Pérez Castellanos, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, fue asesinada frente a su planta procesadora en Ensenada, un día después de denunciar públicamente la pesca ilegal y la extorsión a empresarios del sector.
En Tamaulipas, Julio Almanza Armas, presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio, murió acribillado en Matamoros el 30 de julio de 2024, tras exigir acciones contra los grupos que cobraban cuotas a comerciantes.
Casos similares se han registrado en Veracruz, Guerrero, Estado de México, Chihuahua y Sonora. Agricultores, restauranteros, transportistas y pequeños empresarios fueron ejecutados tras buscar ayuda que nunca llegó.
EXTORSIÓN EN EXPANSIÓN
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el delito de extorsión creció más del 20 % en el último año. Solo entre enero y agosto de 2025 se reportaron 6,438 casos, frente a 4,986 en el mismo periodo del año anterior.
La cifra oculta es aún más alarmante: la mayoría de las víctimas no denuncia. Temen lo mismo que los 13 muertos de esta lista: que sus nombres terminen filtrados a quienes los amenazan.
Especialistas advierten que la extorsión dejó de ser un delito marginal para convertirse en el principal mecanismo de control territorial y económico de los cárteles, especialmente en zonas rurales donde se mezclan economías legales e ilegales.
UNA DENUNCIA, UNA CONDENA
El patrón es claro. Las víctimas hablaron. Señalaron. Y murieron. En todos los casos, las autoridades estatales y federales prometieron investigaciones “a fondo” que, hasta ahora, no han derivado en sentencias ni desmantelamientos de las redes de extorsión.
“Las denuncias públicas son vistas como un desafío directo al poder criminal. Quien rompe el silencio se convierte en objetivo inmediato”, explica un investigador consultado por El Universal.
El costo de ese desafío ha sido la vida de quienes creyeron que el Estado podía protegerlos.
RESPUESTAS INSUFICIENTES
La presidenta Claudia Sheinbaum envió recientemente al Congreso una iniciativa para homologar las penas por extorsión hasta 50 años de cárcel, con el objetivo de frenar el crecimiento de este delito. Sin embargo, sin mecanismos reales de protección a denunciantes, expertos temen que el endurecimiento legal llegue demasiado tarde.
Organizaciones empresariales y cámaras de comercio reclaman la creación de protocolos federales de denuncia segura y fondos de emergencia para empresarios amenazados.
Mientras tanto, el miedo avanza. Los mercados se vacían, los agricultores venden a precios impuestos por intermediarios ligados al crimen y las cooperativas se disuelven.
UNA TRAGEDIA NACIONAL SILENCIADA
Detrás de cada asesinato hay un mensaje: en México, denunciar la extorsión puede ser más peligroso que pagarla. Las voces de Bernardo Bravo, Minerva Pérez y Julio Almanza se apagaron, pero sus muertes dejaron al descubierto la red de terror que sujeta a la economía nacional.
El desafío no es solo castigar a los asesinos, sino garantizar que quien exija justicia no muera por hacerlo.
