Aunque lo tiene expresamente prohibido, el senador Gerardo Fernández Noroña viajará esta noche al Medio Oriente con gastos pagados por Emiratos Árabes Unidos, en lo que representa una nueva violación al marco ético y legal que rige a los legisladores.
El propio Noroña confirmó que solicitó licencia por dos semanas para ausentarse del Senado, mientras realiza una gira en Palestina y Emiratos Árabes. Sin embargo, el viaje fue gestionado a nombre del presidente del Senado, cargo que ya no ocupa y que actualmente corresponde a la morenista Laura Itzel Castillo, por lo que el legislador actuará como “cachirul diplomático”.
“Me voy el día de mañana por la noche a Palestina y regreso el día 2 de noviembre. Emiratos Árabes Unidos paga el boleto de avión por la solidaridad que yo he tenido con Palestina”, declaró el senador.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 52, prohíbe expresamente a los servidores públicos aceptar obsequios, donativos o beneficios que puedan comprometer su imparcialidad o representar un conflicto de interés.
El Código de Ética del Senado también establece que los legisladores deben rechazar cualquier beneficio material que derive de su posición pública.
En el caso de Morena, los lineamientos internos obligan a sus militantes y funcionarios a evitar recibir regalos o viajes que puedan interpretarse como privilegios, o como uso del cargo para obtener beneficios personales.
El propio oficio de invitación entregado por la Embajada del Estado de Palestina al Senado confirma que la invitación fue dirigida al presidente de la Cámara Alta:
“El Ministerio de Asuntos Exteriores estará honrado en recibir a su excelencia para una visita oficial; el programa incluiría reuniones con altos funcionarios palestinos y representantes del Consejo Legislativo Palestino”, señala el documento.
Consultada sobre si el Senado aprobó oficialmente el viaje o si Fernández Noroña representa al Poder Legislativo, la presidenta Laura Itzel Castillo respondió con frialdad:
“Eso pregúntenselo a él”.
El caso reaviva el debate sobre el uso discrecional de invitaciones diplomáticas, la falta de controles sobre viajes pagados por gobiernos extranjeros y la doble moral del obradorismo frente a sus propias reglas de austeridad y ética pública.
