El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, prometió tratar a los cárteles “como organizaciones terroristas extranjeras”. El presidente Donald Trump lo respaldó: “México está gobernado por los cárteles”. La retórica y una serie de ataques navales apuntan a una posible militarización hemisférica de la lucha antidroga, con riesgos jurídicos, diplomáticos y humanitarios.

La frase fue pronunciada sin ambages por el secretario de Defensa estadounidense: “Los encontraremos, trazaremos sus redes, los cazaremos y los mataremos”, dijo Pete Hegseth, equiparando en público a las organizaciones de narcotráfico con actores que antes se combatían bajo la etiqueta de terrorismo internacional.

“Los encontraremos, trazaremos sus redes, los cazaremos y los mataremos.” — Pete Hegseth, secretario de Guerra de EE. UU.

Las palabras de Hegseth fueron complementadas por la del presidente Donald Trump, quien afirmó este jueves: “México está gobernado por los cárteles”, y argumentó que Estados Unidos debe “defenderse” del flujo de fentanilo y otras drogas. Esa combinación retórica y operativa marca un viraje: la lucha contra el narcotráfico deja de ser un asunto policial para convertirse, públicamente, en justificación de acciones militares.

“México está gobernado por los cárteles. Respeto mucho a la presidenta Claudia Sheinbaum; es una mujer extraordinaria y muy valiente. Pero México tiene que defenderse de eso.” — Donald Trump, presidente de EE. UU.

De la retórica a la acción

En las últimas semanas, la Marina y otras unidades estadounidenses han protagonizado ataques contra embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico que, según Washington, transportaban cargamentos de drogas. Los comunicados del Pentágono celebran los operativos como éxitos operativos; gobiernos de la región han manifestado su preocupación por la falta de transparencia y por posibles violaciones de soberanía.

Riesgos jurídicos y diplomáticos

Elevar a los cárteles a la categoría de “enemigos” conlleva consecuencias prácticas: legitima el uso de fuerza letal en operaciones que podrían desarrollarse con escasa supervisión parlamentaria y sin procesos judiciales claros. Juristas y organizaciones de derechos humanos advierten que la etiqueta antiterrorista no suple las exigencias probatorias ni las obligaciones internacionales sobre trato a detenidos y protección de civiles.

Escenarios concretos si la lógica llega a México

• Operativos navales combinados en alta mar próximas a costas mexicanas, comunicados con lenguaje bélico que erosiona la confianza pública y diplomática.
• Ataques a infraestructura logística (muelles, embarcaciones, hangares) con escasa transparencia probatoria, que provocaría reclamos y posibles litigios internacionales.
• Presiones políticas para reclasificar grupos como “terroristas”, lo que ampliaría el margen legal para intervenciones transfronterizas y traería costos políticos internos para México.

Impacto social y humanitario

La experiencia comparada indica que la presión militar externa fragmenta organizaciones criminales, dispersa rutas y suele provocar picos de violencia local. En el contexto mexicano, esto podría traducirse en desplazamientos forzados, ejecuciones sumarias y un aumento del riesgo para comunidades rurales y urbanas ya vulnerables.

Línea de tiempo (selección)

• 20 ene 2025: Orden ejecutiva presidencial en EE. UU. que crea mecanismos para designar organizaciones criminales como objetivo de medidas extraordinarias.
• 19–23 oct 2025: Serie de ataques navales en el Caribe y Pacífico reportados por agencias internacionales; comunicados del Pentágono y reacciones de gobiernos regionales.
• 23 oct 2025: Declaraciones públicas de Pete Hegseth y del presidente Trump —incluida la frase “México está gobernado por los cárteles”— que consolidan la narrativa militar.

La metáfora de la guerra antiterrorista aplicada a los cárteles no es inocua: modela políticas, altera marcos jurídicos y cambia la geografía de la violencia. Si Washington convierte esa metáfora en doctrina operativa y la aplica en espacios cercanos a México, la región puede entrar en una etapa en la que la soberanía, el derecho y la seguridad humana queden en permanente tensión. Ante eso, la reacción diplomática y la exigencia de reglas de juego claras no son sólo prudencia: son urgencia política y humanitaria.